PALMA DE MALLORCA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado por unanimidad destinar 1,4 millones de euros a los ayuntamientos de la Isla correspondientes al Plan Especial de Ayudas 2018 para el ahorro y la eficiencia energética, así como para la adquisición de vehículos 100% eléctricos del departamento de Desarrollo Local.
Durante el pleno, el conseller de Desarrollo Local, Joan Font, ha explicado que este Plan es una medida más para conseguir la sostenibilidad de Mallorca y para concienciar a los ayuntamientos y a la ciudadanía sobre la importancia de luchar contra el cambio climático.
En este sentido, Font ha asegurado que la intención de la institución es que "el uso del vehículo eléctrico vaya en aumento y sea una tendencia en el ámbito municipal".
El Plan Especial de Ayudas 2018 fue aprobado en octubre si bien con la votación de este jueves se ha asignado la cantidad correspondiente a cada ayuntamiento. Todas las corporaciones beneficiarias presentaron la documentación para acogerse al plan a excepción de los ayuntamientos de Alcúdia y Calvià, que no presentaron ningún documento y, por tanto, se entiende que renuncian a la ayuda.
Durante el periodo inicial, las corporaciones locales solicitaron un total de 32 vehículos eléctricos. Además de la adquisición de estos transportes, las actuaciones que se podrán financiar con las ayudas del plan son, entre otras, la mejora de la eficiencia de las instalaciones del alumbrado o iluminación exterior existentes, las inversiones en sustitución o mejora de equipos e instalaciones consumidores de energía en sistemas de abastecimiento público de agua potable (AP) por equipos e instalaciones que utilicen tecnología de alta eficiencia o la implantación de medidas de contabilización.
Una vez revisada toda la documentación, se han desestimado las solicitudes de Marratxí y Palmanyola y una de las actuaciones de Porreres. Según explica el Consell, los proyectos presentados por estas entidades no cumplen los requisitos de la convocatoria, enmarcados dentro de la Ley Montoro que regula las inversiones y los gastos de los ayuntamientos.
