El PP afirma que no aplicará la cortesía parlamentaria en el próximo pleno ante la ausencia de Vicens
PALMA DE MALLORCA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción reclama prisión preventiva sin fianza para el ex diputado de UM Bartomeu Vicens, o prisión eludible bajo fianza de 800.000 euros de cara al próximo martes, día en que el juez que instruye el caso Son Oms en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antonio Federico Capó, decidirá qué medida cautelar adopta sobre el principal imputado en la presunta trama de corrupción gestada en los noventa en torno a la recalificación del polígono palmesano.
En declaraciones a Europa Press, fuentes judiciales confirmaron que el fiscal anticorrupción Juan Carrau reiteró hoy, durante la vista de prisión celebrada en el TSJIB, su petición de prisión provisional para Vicens ante el posible riesgo de fuga o destrucción de pruebas o, en caso de que no sea ésta la decisión que adopte el magistrado, solicita una fianza de 800.000 euros.
En cualquier caso, no será hasta el próximo martes, a partir de las 12.00 horas, cuando el juez dé a conocer la medida y entregue a las partes el auto que recoja el dictamen. No obstante, desde la defensa reclamaron libertad para el ahora diputado del Grupo Mixto ante la falta de indicios de su implicación en el caso Son Oms, y aseveraron además que "no concurren motivos para que haya riesgo de fuga".
En este sentido, también en declaraciones a Europa Press, defendieron que Vicens ha colaborado con la justicia al comparecer de forma voluntaria para hacer declaraciones sobre los hechos, al tiempo que negaron la existencia de un riesgo de fuga. Al respecto, aseveraron que no "válido" aparejar este riesgo a la pena que pueda pesar sobre el imputado.
Asimismo, alegaron que tampoco habría ninguna posibilidad de fuga debido al "indudable" arraigo personal y laboral de Vicens en Mallorca, tras lamentar que para el fiscal, que "tiene los ojos vendados, sí existe este riesgo". "Lo que defendemos es que no puede haber prisión de ninguna de las maneras, ni con ni sin fianza", enfatizaron las mismas fuentes.
Por otro lado, Vicens deberá ausentarse del pleno del Parlament del próximo martes por coincidir con el acto en que se dará a conocer la pena, en el que obligatoriamente deberá estar presente para que el juez le notifique su decisión. De este modo, tanto el PP, que cuenta con 29 diputados, como las demás formaciones que dan apoyo al Govern -que suman 30 parlamentarios- presentarán ese día el mismo número de diputados, lo que podría afectar a las votaciones que se lleven a cabo.
EL PP NO APLICARÁ LA CORTESÍA PARLAMENTARIA
En este contexto, desde el PP han negado tajantemente que vayan a aplicar la cortesía parlamentaria en la sesión plenaria del martes, que implicaría que uno de los diputados 'populares' se abstuviese en las votaciones por respeto a la ausencia de otro parlamentario. En este sentido, aseveraron que esta conducta únicamente la ejercen en caso de que el diputado en cuestión no estuviese presente con motivo de un viaje oficial o por enfermedad.
Así, manifestaron que, en este caso, se trata de una persona "investigada por la justicia y no somos tontos". "Sólo faltaría que nos bajásemos los pantalones, con la caña que desde las demás formaciones nos han dado en materia de corrupción", agregaron en la misma línea los 'populares', quienes manifestaron que "debe aplicarse la misma medicina en todos los casos".
SITUACIÓN HISTÓRICA
Fue el pasado 27 de octubre cuando la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB se declaró competente para instruir el caso Son Oms, causa procedente del juzgado de instrucción número 2 de Palma, debido a la condición de aforado de Vicens.
Cabe destacar que se trata de la primera vez en la historia de la comunidad balear que un juez ordinario en Baleares pide la adopción de una medida cautelar al TSJIB para un aforado, como es el caso de Vicens por ser diputado en el Parlament. De este modo, los jueces de instrucción pueden iniciar la investigación pero nunca dictar prisión para un aforado.
Estos hechos se han producido después de que la Fiscalía Anticorrupción presentase el pasado mes de mayo una querella criminal contra Vicens así como contra el también miembro de UM Maximilià Morales, y Jaume Montis. El Ministerio público investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono se cometieron delitos de alcance millonario por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas, mediante el cobro de comisiones por la recalificación de parcelas de suelo rústico a urbanizable.
Asimismo, afirma que Vicens creó una sociedad, Metalumba, en septiembre de 2002, siendo 'número dos' de UM, mediante la que cobró 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones obtenidas a raíz de la recalificación del polígono, aprobada por el Consell de Mallorca en 1999. La empresa fue registrada a nombre de su mujer, Antònia Martorell, mientras que la supuesta testaferro del matrimonio, Elizabeth Diéguez, fue designada administradora única.
