Arranca el juicio por la presunta estafa de 216 millones de euros dentro del caso Royaltur
PALMA DE MALLORCA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente ejecutivo de la inmobiliaria Alcázar, Juan Piguillem, aseguró hoy ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que desde la empresa "jamás" se comprometieron a inyectar 15.000 millones de pesetas en el grupo hotelero Royaltur, propiedad del empresario Jaime Moll, con el objetivo de reflotarlo en 1993, al tiempo que alegó "no haber engañado a nadie" cuando en agosto de ese año se firmó un documento de intenciones con el grupo de empresas de Moll.
Así lo puso de manifiesto durante el juicio que arrancó hoy en el marco del caso Royaltur, que sienta en el banquillo de los acusados, además de Piguillem, al ex vicepresidente de la inmobiliaria, Juan Bautista Llorens, al ex vicepresidente ejecutivo de Banca March, Simón Galmés, y al ex directivo de esta entidad bancaria, Antonio Mascaró, para quienes la acusación particular, ejercida por Moll, pide seis años de prisión y 94 millones de euros de indemnización.
En su intervención y a preguntas del letrado de la acusación particular, Rafael Perera, Piguillem hizo referencia al documento firmado el 18 de agosto de 1993 con Moll, que establecía que Geinsa -filial de Alcázar- aportaría un incremento de fondos en Royal Resort por importe de 15.000 millones de pesetas, aunque ello "una vez habiendo acudido a bolsa para disponer del dinero, ya que para aportarlo se tiene que tener".
Así, defendió que el documento pretendía propiciar la salida a bolsa del Grupo Royal Resort a fin de sanear su situación y los acuerdos definitivos que se adoptasen dependían de posteriores estudios para cuya realización se fijaba un plazo de cien días. De acuerdo al documento, una vez finalizadas las operaciones Geinsa tendría un neto patrimonial de 20.000 millones de pesetas, de los que el 27,5 por ciento correspondería a Royal Resort.
De este modo, tras la salida a bolsa se pensaba captar 15.000 millones de pesetas de inversores bursátiles, lo que unido a los 5.000 millones en que se valoraba de Royal lanzaba un neto patrimonial de 20.000 millones de pesetas. "Es un contrato hecho con luz y taquígrafos del que Alcázar ha cumplido todos y cada uno de los puntos", sostuvo Piguillem, quien aseveró que el primer contacto que hubo con el grupo de Moll era "porque estaban agobiados y querían vender, por lo que siempre y continuamente nos buscaban".
Una exposición de los hechos que contrasta con la ofrecida hasta ahora por el hotelero mallorquín, quien interpuso una querella por presunta estafa por parte de la inmobiliaria Alcázar, que a principios de los noventa atravesaba dificultades económicas y, según defiende Moll, urdió una estrategia para hacerse con su patrimonio, compuesto por 12 establecimientos y 9.000 camas repartidos entre otros en Sa Coma, Muro, Palma y Jerez de la Frontera y valorado en 216 millones de euros (entonces 36.000 millones de pesetas).
"Los acusados, con ánimo de lucro, decidieron hacerse con el patrimonio del grupo Moll al objeto de superar la crisis económica que Geinsa e Inmobiliaria Alcázar estaban atravesando y, además, obtener de tal modo un lucro y beneficio propio, lo cual, efectivamente, consiguieron", relata en su escrito la acusación particular.
En este sentido, a preguntas del fiscal Juan Carrau, Piguillem manifestó que el objeto del protocolo de intenciones respondía a las dificultades financieras de Moll, pese a que posteriormente se constató que "era imposible" sacar adelante la operación de salida a bolsa debido a las "grandes pérdidas" del grupo, "completamente en quiebra técnica".
Así, y tal como relata el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación -en el que no pide ninguna pena por considerar que no se produjo delito-, el 21 de diciembre del mismo año se suscribió un nuevo documento cuya intención era inyectar liquidez en Royal Resort a cambio de que ésta transmitiese sus acciones a Geinsa, y la Banca March concediese un préstamos de 2.500 millones de pesetas al grupo de Moll.
Finalmente, los accionistas vendieron sus acciones por 390 millones de pesetas, Geinsa amplió su capital hasta 3.300 millones, absorbió a Royal Resort y finalmente los antiguos accionistas se quedaron un 29,2 por ciento del capital social de Geinsa. En cuanto a los acusados Galmés y Mascaró, Piguillem aseveró que "no obtuvieron ningún tipo de beneficio personal" e incidió en que la pretensión del grupo Moll era "vender y salir corriendo".
Y en el turno del ex vicepresidente de la inmobiliaria, Juan Bautista Llorens, relató ante el tribunal que en 1993 la situación económica general padecía "cargas financieras bestiales y los tipos de interés estaban al 14 por ciento", mientras que sobre el documento de intenciones de agosto señaló que "había que buscar una buena salida a bolsa", aunque aseveró que "lo que la familia Moll quería era dinero e irse a montar a caballo".
"ME AMENAZÓ DE MUERTE"
"En ningún momento se planteó la posibilidad de que Alcázar fuese a aportar 15.000 millones a Royaltur", espetó el encausado, quien aseguró asimismo que Moll "me amenazó de muerte si no lo comprábamos".
Posteriormente ofreció su versión el ex vicepresidente de Banca March, Simón Galmés, que aseguró no haber visto nunca el documento de intenciones y tampoco asistió a la firma del escrito firmado en diciembre. En cuanto a los 15.000 millones, aseguró que Moll no le habló de ello aunque sí se dirigió al banquero para "comentarme que había ido mal lo del protocolo de intenciones y que había que salir a bolsa pero las cuentas iban mal". "Estaba bastante decepcionado y hundido", añadió Galmés, quien tildó de "falso" que instase a Moll a firmar el documento.
"En aquella época de crisis, desde Banca March ayudábamos a que se salvasen los grupos y esa era nuestra función", enfatizó el ex vicepresidente de Banca March, para aseverar posteriormente que "no hubiéramos aportado crédito si Alcázar no hubiese intervenido". "Cumplimos todo lo que estaba estipulado y los únicos beneficios que conseguimos de la operación fueron quebraderos de cabeza para cobrar los créditos que habíamos otorgado", zanjó.
Por último, el ex directivo de esta entidad bancaria, Antonio Mascaró, recordó que presentó a Piguillem y a Moll porque éste "se encontraba en situación crítica", toda vez que tachó de "ridículo" el documento de intenciones firmado en agosto. También aseguró que acudió a Royaltur para "refinanciar las deudas y lo conseguí gracias a Alcázar", al tiempo que enfatizó no haber cobrado "ningún beneficio o comisión".
LOS 15.000 MILLONES NO ESTABAN CONTEMPLADOS
Cabe señalar que la acusación pública señala en su escrito de calificación que "resulta inverosímil que los propietarios de un gran grupo hotelero asesorados jurídicamente y tras una larga negociación no sepan lo que firman o piensen que con su firma van a recibir 15.000 millones de pesetas, cuando dicha obligación no estaba contemplada en el texto ni hay ninguna referencia a ella en todo el documento". "Ello supone que los querellantes cayeron en una absoluta inconsciencia o están faltando a la verdad", incide.
Se trata de un caso cuya instrucción, en manos de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, ha durado más de siete años, a raíz de la querella presentada por Moll para demostrar cómo los cuatro acusados le desposeyeron de su patrimonio. En 1995 los querellantes llegaron a vender el patrimonio del hotelero por 2.340 millones de pesetas, cifra muy inferior a su valor real y, aunque sostienen que el precio recibido era justo, la venta se hizo "por coacción" contra su voluntad.
