PALMA DE MALLORCA, 16 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía solicita 12 años de prisión para Gabriel Feliu, socio del Bufete Feliu -investigado en varios procesos judiciales por diversas estafas y defraudaciones a Hacienda-, por presuntamente haberse apropiado de forma ilegal de hasta 822.236 euros procedentes contratos de cuentas en participación y servicios impagados a proveedores que intervinieron en una promoción inmobiliaria.
Feliu volverá de este modo a sentarse en el banquillo de los acusados el miércoles y el jueves de la próxima semana para ser juzgado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, junto al también procesado Ignacio Alemany, quien por su parte se enfrenta a una petición de tres años de cárcel y al pago de parte de las cantidades defraudadas.
Según relata el fiscal Miguel Ángel Anadón en su escrito de calificación provisional, una de las operaciones que llevó a cabo de forma supuestamente irregular fue la suscripción con un matrimonio de sendos contratos de cuentas en participación por importe de 80.000 y 100.000 euros. El primero de ellos consistente en la ampliación de una edificación, y el segundo en la promoción de viviendas y plazas de Parking en Santo Domingo.
En ambos casos, los contratos fueron rubricados a fin de que los interesados pudieran participar en el resultado de los anteriores proyectos mediante la devolución del principal y los intereses pactados. Sin embargo, ninguna cantidad fue restituida a los afectados mientras que la sociedad con la que fueron firmados los contratos, en cuya cuenta se hicieron efectivos los cheques, fue declarada en concurso necesario ante la absoluta insolvencia de la misma.
Una de las dos víctimas, junto a otra persona que en 2006 había entregado asimismo a Feliu 100.000 euros bajo la misma modalidad, a fin de recuperar lo entregado y minimizar el perjuicio convino con el letrado la aceptación en pago parcial de 47.781 euros, suscribiendo Feliu, "sin real intención de cumplimiento", un reconocimiento de deuda a pago aplazado de las restantes cantidades, sin que finalmente fuese abonado ninguno de los pagos pendientes.
Mientras tanto, tanto Feliu como el otro acusado, Ignacio Alemany, a través de otra empresa de la que el primero era administrador único, llevó a cabo una promoción inmobiliaria en Llucmajor, interponiendo a otra entidad sin personal ni actividad alguna como contratista de los servicios de distintos proveedores. Ninguno de los dos socios satisfizo las cantidades correspondientes a los trabajos de los contratistas, y más en concreto 390.287 euros por labores de contrucción, 74.949 por obras y decoración y 292.460 por carpintería.
Tras ello, el Juzgado declaró el concurso necesario de la empresa a través de la que habían sido contratados estos servicios. La Fiscalía apunta así a la presunta comisión de un delito continuado de apropiación indebida y otro de insolvencia punible.
