PALMA DE MALLORCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía solicitó hoy prisión provisional para nueve de los condenados por el caso Son Banya, que hoy conocieron las penas a las que deben enfrentarse durante la comparecencia de prisión celebrada en la Audiencia Provincial, tras darse a conocer el contenido de la sentencia dictada por la causa.
La Fiscalía entiende que hay un elevado riesgo de fuga y por tanto pretende evitar con la prisión provisional que los condenados eludan la acción de la justicia debido a las elevadas penas a las que han sido condenados, y por la capacidad económica de los acusados, dependiendo de cada uno de los casos.
El Tribunal de la Sección Segunda, presidido por Juan Catany, se encuentra deliberando sobre la petición de la acusación pública en relación con 'La Paca', José Gómez 'Pepote', Isidro Cortés 'El Moreno', Carlos Oscar Cortés, María de los Angeles Calderón, Carlos Cortés, Bruno Gálvez, Manuel Escamilla y Roberto Valinotti -que no ha comparecido en la vista-.
Así, el fiscal Adrián Salazar solicitó el ingreso en prisión de la principal acusada del caso, 'La Paca', sobre quien pesan 22 años y tres meses de cárcel, al alegar que concurren circunstancias que conllevarían a que se sustrajese de la justicia, como los "suficientes" recursos económicos de los que dispone. No obstante, su abogado, Carlos Portalo, se opuso a esta petición al recordar que la matriarca "ha puesto a disposición de la justicia elementos útiles para fundar la condena de otros acusados".
En esta misma línea, aseguró desconocer "de dónde saca la Fiscalía la capacidad de generar recursos de mi clienta", lo que calificó de "mera afirmación artificiosa, sin sustento probatorio", por lo que reclamó otra medida cautelar, como la imposición de una fianza de 60.000 euros -superior a la de 30.000 que ya le decretaron- que le permita eludir su ingreso en prisión. Por su parte, 'La Paca' manifestó ante el tribunal que es mallorquina, "tengo mi familia y mi casa aquí, ¿dónde me voy a ir?", se preguntó.
En el caso del ex inspector de Atracos de la Policía Nacional, José Gómez 'Pepote', el representante de la acusación pública también solicitó prisión preventiva amparándose en el "elevado riesgo de que se sustraiga de la justicia" por la gravedad de la pena que se le ha impuesto -nueve años y medio de cárcel- y los bienes que posee, a lo que se suma que "gran parte" del dinero percibido de la matriarca no ha sido recuperado.
Frente a esto, su abogado, Pablo Mas, solicitó el mantenimiento de su libertad provisional o el aumento de la fianza que ya se le impuso -30.000 euros- hasta los 50.000, al tiempo que señaló que estudiará recurrir la sentencia. Aseveró además que 'Pepote' ha comparecido a todos los llamamientos dentro de la causa y "goza de sobrado arraigo acreditado", a lo que el ex inspector agregó que no tiene ninguna intención de eludir la acción de la justicia. "Hasta para ver a mis hijos en 2006 informé a la autoridad de que iba a salir de la isla", remachó.
En cuanto a Carlos Cortés, el fiscal manifestó que se enfrenta a una pena grave que hace previsible, junto a los medios económicos con los que cuenta, que pueda fugarse, mientras que su letrado, Gaspar Oliver, se opuso a la petición ya que se trata de dos penas que no son graves y sería "inaudito pedir prisión provisional". Al mismo tiempo, recordó que suma nueve meses de prisión preventiva por esta causa y "tiene arraigo suficiente".
También Oliver intervino en defensa de Isidro Cortés 'El Moreno' para aseverar que "no concurre en modo alguno un riesgo para eludir la justicia", y solicitó que "en todo caso" se le incremente la fianza que recae sobre él, de 60.000 euros. Asimismo, anunció que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la resolución judicial dictada por el tribunal de la Sección Segunda.
También intervino el letrado Juan Carlos Peyró en representación de Juan Cortés Picazo, quien señaló que también recurrirá la resolución y apuntó que su cliente ha comparecido a todos los llamamientos "de forma puntual y escrupulosa", por lo que manifestó que pueden imponerse otras medidas cautelares, como el aumento de su fianza -60.000 euros-, la retirada del pasaporte "o incluso la presencia diaria en esta sala, porque ha residido siempre en Mallorca y no tiene ningún otro sitio adonde ir".
Ya en relación con la compañera sentimental de 'Pepote', la abogada María de los Ángeles Calderón, el fiscal aseveró que, de acuerdo a la sentencia, recibió 100 millones de pesetas de 'La Paca', parte de los cuales no han sido recuperados y "su capacidad económica es alta". Ante esto, su abogado Eduardo Valdivia respondió de forma escueta que se opone a esta medida. No obstante, la letrada sí que tomó la palabra y afirmó no estar de acuerdo, ya que "han embargado todo mi patrimonio, tengo aquí a mis dos hijos, mi madre tiene alzheimer y he cumplido religiosamente viniendo todos los miércoles a primera hora".
En cuanto al acusado Bruno Gálvez, el fiscal recordó que ya tuvo que decretarse su detención al inicio del juicio y fue localizado en Sevilla, a lo que su abogado, Antonio Tomás Gelabert, aseveró que "a estas alturas para nada se puede considerar indispensable la prisión preventiva porque no hay riesgo de fuga por su arraigo social y familiar", al tiempo que explicó que no estuvo presente el primer día del juicio porque "no tenía clara su seguridad ni disponía de medios necesarios para sufragar el viaje, por lo que esperó voluntariamente a que fuesen a buscarle".
Por último, el representante del Ministerio público aseveró, respecto a Manuel Escamilla, que se ha sustraído de la justicia en dos ocasiones, localizándose en Granda durante la instrucción del caso y en Lanzarote al inicio del juicio. No obstante, el letrado del condenado, Jaime Ques, solicitó la libertad provisional al alegar la "absoluta indisponibilidad económica para salir de Canarias, carece de antecedentes y no existen responsabilidades civiles que abonar, además de estar bajo la tutela del cabildo de Lanzarote en el marco de un tratamiento para deshabituarse de la droga".
