10 de diciembre de 2019
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  • 14 de septiembre de 2009

    Flaquer recurre por segunda vez la fianza de 37,1 millones de Can Domenge ante la "falta de indicios de criminalidad"

    La defensa alega asimismo la falta de motivación del auto en que la jueza instructora impone la caución

    PALMA DE MALLORCA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

    La defensa del presidente de UM e imputado dentro del caso Can Domenge, Miquel Àngel Flaquer, interpuso hoy un segundo recurso de apelación ante el Juzgado, para que lo eleve a la Audiencia Provincial, contra la fianza de responsabilidad civil de 37,1 millones de euros impuesta por la jueza instructora del procedimiento, tanto a este encausado como a los representantes de la UTE que resultó adjudicataria del solar en el concurso de enajenación convocado por el Consell de Mallorca e integrada por las empresas Sacresa Terrenos y Construcciones Pedro Francisco Ferrá Tur, también imputados.

    Así lo confirmaron a Europa Press fuentes de la defensa de Flaquer, que basan la interposición del recurso en una "falta de motivación" de la caución decretada, como también en la "inexistencia de indicios racionales de criminalidad con base en una serie de circunstancias tanto de carácter fáctico como jurídico".

    El pasado día 7, la defensa de Flaquer, ejercida por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, presentaron un primer recurso ante el Juzgado de Instrucción número 12 y dirigido a la Audiencia a fin de que ésta determine si el auto combatido es nulo por falta de motivación. La defensa se ha mostrado así en desacuerdo con la exposición de los hechos y con la cantidad fijada, por lo que considera "nula" la resolución de la magistrada Mari Carmen González.

    Asimismo, el letrado Eduardo Valdivia, consideró ese mismo día "desproporcionada" la caución impuesta por la jueza, por lo que aseveró que "será complicado" que las partes afectadas puedan reunir la fianza en el plazo de 24 horas que la jueza les ha dado, a contar desde que el último de los imputados a quienes se les ha fijado la fianza reciba la notificación.

    Por su parte, Sacresa y Ferrà Tur han ofrecido la propia finca como aval para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil, asegurando de esta forma la eventual restitución del solar, al tiempo que ambas empresas también han presentado sendos recursos de apelación ante la Audiencia.

    Cabe señalar, no obstante, que pese a la interposición de los recursos, el auto de la magistrada continuará su curso ya que éstos no paralizarán la ejecución de la resolución, de modo que una vez que el último de los afectados reciba la notificación, arrancará el plazo de 24 horas del que dispondrán para hacer efectivo el pago ya que, de sobrepasar este periodo de tiempo, se procederá al embargo de bienes para cubrir responsabilidades.

    En concreto, el auto fue dictado el pasado jueves y la fianza va dirigida a Flaquer así como a los también encausados Francisco Ferrà, Mario Sanz y Joan Maria Pujals, y a las empresas que representan, Sacresa y Ferrà Tur, adjudicatarias de los terrenos de Can Domenge por un precio muy inferior al del mercado en el concurso convocado por el Consell y que en la actualidad se encuentra bajo investigación judicial, a raíz de la querella impuesta por la empresa Núñez y Navarro, que ofrecía el doble que las adjudicatarias.

    La magistrada establece en su auto que la fianza solidaria va dirigida así a asegurar las responsabilidades pecuniarias por los perjuicios derivados de la resolución del concurso, mediante la imposición de una fianza por valor de 38,5 millones de euros, aunque posteriormente, en un auto complementario, rebajó la cantidad a 37,1 millones. La resolución señala además que a raíz de las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento, hay indicios de que Sacresa y Ferrà Tur pudieron haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de la administración.

    Las investigaciones giran, de este modo, en torno a las presuntas irregularidades cometidas durante la enajenación de los solares, que fueron adjudicados por 30 millones de euros cuando en la fecha de la licitación estaban valorados en 57.837.107 euros, según las tasaciones que se realizaron al margen del proceso. Es por ello que, según consta en el auto, el perjuicio causado asciende a 28.918.553 euros.