PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de Ornitología Balear (GOB) y Terraferrida han denunciado ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea la actuación promovida por la Conselleria de Medio Ambiente en el torrente de Na Borges y que, según han considerado, supuso el "arrasamiento" y la "destrucción de los hábitats naturales" en más de 15 kilómetros de zona protegida.
Según han explicado desde el GOB, a raíz de las fuertes lluvias de octubre de 2018 en el Llevant de Mallorca la Conselleria promovió con carácter de urgencia diversas actuaciones a torrentes con el objetivo de reparar los daños y restaurarlos ambientalmente, amparándose en el decreto ley 2/2018.
Sin embargo, han matizado que aquel episodio de lluvias "no afectó precisamente a la cuenca del torrente de Na Borges, donde no se produjo desbordamiento". De hecho, el decreto ley no prevé la intervención en los municipios de Petra y Santa Margalida, por donde discurre buena parte del torrente.
"Aquí no hubo ningún tipo de emergencia, ni ningún riesgo ambiental a enmendar, ni ninguna afectación negativa ambiental o social que justificase ni la urgencia ni la necesidad de la actuación", han añadido.
Con todo, desde las entidades denunciantes han interpretado que la Conselleria la herramienta del decreto ley "para poder intervenir, bajo su paraguas legal", en el torrente de Na Borges y así evitar la realización de la correspondiente evaluación previa de impacto ambiental de las obras.
Según han explicado, el torrente es el más largo de Mallorca, discurre en sus últimos 15 kilómetros por dentro de la Zona Especial de Conservación (ZEC) y forma parte de la red europea Natura 2000, amparada por la Directiva 92/43/CEE.
En este sentido, han considerado que los proyectos que no tengan que ver con la gestión conservacionista del espacio protegido "tienen que ser previamente evaluados" sobre sus repercusiones ambientales y especialmente la afectación a los hábitats naturales que motivaron la protección.
Ambas entidades han considerado que la Conselleria de Medio Ambiente obvió su obligación de evaluación previa del impacto de las obras, por la que "incumplió con las obligaciones establecidas a la Directiva europea".
"Hemos instado a la Comisión a actuar ante este incumplimiento. Las normas y protocolos de protección ambiental lo son para todos, y resulta inaceptable que la propia administración utilice argucias para evitarlas cuando impulsa sus proyectos", han concluido.
