PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern ha aprobado este viernes un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda con el objetivo de establecer herramientas para ampliar el parque de vivienda protegida de gestión pública (VPO) en el archipiélago y, asimismo, sancionar los anuncios de infravivienda en régimen de alquiler.
Así lo ha presentado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo el conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, quien ha explicado que la normativa también busca hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y, por ello, incorpora sanciones por publicitar o comercializar viviendas que no cumplan unas condiciones mínimas de habitabilidad.
"Actualmente están proliferando este tipo de anuncios que no cumplen los requisitos y esto es sancionable", ha justificado Pons, añadiendo que se multará tanto a la persona que lo anuncia, como a la plataforma. Las cuantías pueden ir desde los 3.000 a los 30.000 euros.
MÁS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
Uno de los ejes principales del decreto es el incremento de VPOs y, en esta línea, se plantea la adopción de medidas extraordinarias para ampliar, de manera "rápida y efectiva", la oferta de este tipo de viviendas de alquiler social y fomentar la construcción de alojamientos dotacionales.
Para ello, la normativa contempla ampliar el derecho de tanteo y retracto a favor del Govern, de forma que podrá adquirir de forma preferente VPO, suelo y las viviendas implicadas en todas las operaciones entre grandes tenedores, siempre que las viviendas procedan de ejecuciones hipotecarias o dación en pago.
Asimismo, incorpora más facilidades para construir vivienda dotacional --alojamientos temporales para situaciones de dificultades y para determinados colectivos-- porque se podrán construir en suelo destinado a equipamientos.
El decreto también pretende impulsar la colaboración con el sector privado y establece nuevas fórmulas para implicarlos en la construcción de este tipo de viviendas.
Se incluye la cesión de suelo público a personas físicas o jurídicas para la construcción de vivienda de protección oficial de alquiler con fijación de precios máximos y retorno a la Administración de las viviendas en un plazo de 50 años.
Pons ha explicado que el Govern "cada vez ofrece más herramientas" para "facilitar" el acceso a la vivienda en Baleares, "Existe una necesidad generalizada de vivienda sobre la que el mercado no está dando respuesta", ha explicado, añadiendo que "la problemática demanda acciones permanentes y por eso también vendrán de nuevas".
Por otro lado, para hacer frente a esta problemática de acceso a la vivienda y los desahucios, el conseller ha explicado que se está desarrollando una mesa de cooperación interinstitucional. En mayo se prevén las primeras reuniones.
