PALMA DE MALLORCA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Govern no entró hoy a valorar la fianza de responsabilidad civil que la jueza que instruye el caso Can Domenge impuso ayer al presidente de Unió Mallorquina (UM) e imputado en el caso, Miquel Àngel Flaquer, así como a Sacresa y Ferrá Tur, que asciende a 38,5 millones de euros, aunque admitió que "preocupa el espacio judicial y su repercusión".
Así lo aseguró la portavoz del Ejecutivo autonómico, Joana Barceló, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que apuntó que "siempre existe preocupación (del Govern) en cuanto a las acciones judiciales que se desarrollan en Baleares", aunque insistió en expresar la "disponibilidad y voluntad de máxima colaboración con el espacio judicial".
Sobre este asunto se pronunció hoy también y de manera más contundente el coordinador de EU en Baleares, David Abril, quien pidió la dimisión Flaquer como portavoz de UM en el Consell de Mallorca, al entender que la cuantía de la fianza de 38 millones de euros impuesta a Flaquer, así como a los también encausados en el caso Francisco Ferrà, Mario Sanz y Joan Maria Pujals, demuestra que hay "indicios" y ello obliga a éste a "asumir responsabilidades políticas, y esto pasa por su dimisión".
NADAL, "INCONVENIENTE" EN EL GOVERN
Asimismo, los parlamentarios del Bloc Antoni Alorda y Miquel Ángel Llauger tildaron hoy, en relación al caso Can Domenge, de "inconveniente" que el conseller de Turismo, Miquel Nadal, continúe ejerciendo un cargo en el Govern, tras su imputación en el caso Can Domenge, y señalaron que su situación podría acabar siendo "insostenible" si la jueza eleva el caso a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, tal como reclama la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular.
