PALMA DE MALLORCA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
Baleares es la primera Comunidad Autónoma en la que su Gobierno obligará a las redes de centros públicos a asumir, antes del 9 de julio de 2010, unos compromisos de servicios mínimos de calidad con los ciudadanos, con el fin de que estos conozcan perfectamente qué servicios tienen derecho a recibir por parte de la administración, para que, en caso de que no se cumplan, puedan presentar su correspondiente queja.
Para ello, los 834 centros públicos de las islas deberán disponer de una carta marco de referencia en la que se hagan públicos los compromisos de unos estándares mínimos de calidad de los servicios que la Administración asume con la ciudadanía y que deberá estar expuesta al público.
En una rueda de prensa, el conseller de Presidencia, Albert Moragues, destacó que, a partir de ahora y en base al Decreto 37/2009 aprobado por el Govern el pasado 26 de junio, las 32 redes de centros públicos del archipiélago estarán obligados por primera vez a asumir unos parámetros de calidad con los usuarios.
"Es un reto que tendremos dificultades para cumplir, ya que se intentará cambiar la rutina en las oficinas públicas de atención al ciudadano y se apostará por la innovación para mejorar el servicio", destacó Moragues, quien remarcó que la citada carta marco permitirá a los ciudadanos "exigir a la administración pública el cumplimiento de sus compromisos recogidos por escrito".
Así, explicó que mediante esta iniciativa, pionera en España, se impedirá que haya problemas en los servicios que la administración ofrece a la ciudadanía, como los "reiterados incumplimientos" del horario que se produce en algunas oficinas de atención al público, que cierran antes de tiempo.
De este modo, detalló que en la citada carta, que estará publicada en la página web de los servicios públicos, así como en varios carteles que se colocarán en todos los centros de atención ciudadana, se darán a conocer, entre otras cuestiones, los horarios de atención al público, para que, en caso de que no se cumplan, los ciudadanos puedan presentar una reclamación.
En este sentido, apuntó que todas las quejas de los ciudadanos serán estudiadas, de manera que si de ellas se derivara un incumplimiento de la Ley de Función Pública por parte de algunos funcionarios, el Govern procedería a abrir un expediente sancionador en contra de los responsables de la organización del centro público afectado.
Actualmente, Moragues reveló que un total de 152 de los 834 centros públicos de Baleares ya cuenta con una carta en la que se especifican todos los servicios que ofrecen a los ciudadanos, por lo que el resto deberá elaborar este documento antes del 9 de julio de 2010.
CONTROL INTERNO Y EXTERNO
Por su parte, el director general de Calidad de los Servicios, Fernando Monar, subrayó que las citadas cartas de servicios también suponen un control interno por parte de los propios centros públicos y otro externo por parte de su departamento, con el fin de determinar si se han cumplido todos los compromisos asumidos.
"Este instrumento ha supuesto una pequeñísima revolución en la estructura organizativa de los centros públicos que ya han publicado una carta de servicios", como la Red Infojove y Ports de les Illes Balears, destacó, al tiempo que señaló que las cartas también "abren la puerta" a que en un futuro se "simplifiquen" los procesos administrativos y "se mejoren los tiempos de respuesta".
