El PSIB propone que el Consell de Mallorca inicie los pasos para recurrir la norma que "invade competencias urbanísticas" PALMA DE MALLORCA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Parlament balear aprobó hoy, con los votos a favor del PP y la abstención del Grupo Mixto (UM), la Ley de Capitalidad de Palma, que reforzará las competencias en régimen de disciplina urbanística y financiera al garantizar al Ayuntamiento un importe mínimo del 16 por ciento de los presupuestos del sector público de la Comunidad, unos 100 millones de euros, para mejorar las infraestructuras y servicios públicos de la capital balear.
Durante el debate plenario, el conseller de Interior, José María Rodríguez, señaló que la normativa establecerá un modelo de gestión "más eficiente" que modernizará la administración municipal para ofrecer una "mejor cobertura de las demandas de los palmesanos, no sólo a los cerca de 400.000 que la habitan, sino también a los mallorquines que acuden a ella a trabajar", agregó, y compensar, así, el coste que representan la capitalidad.
La iniciativa legislativa contó con la abstención del Grupo Mixto que, sin embargo, votó en contra de los tres artículos enmendados que hacían referencia a cuestiones urbanísticas.
Durante su intervención, Rodríguez recordó que la Ley nació al amparo de la Carta Municipal de Palma que se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos del Consistorio en el 2000, y que se ha convertido "en la normativa más completa a nivel estatal ya que garantiza un régimen financiero específico para la ciudad y una gestión organizativa del municipio para que pueda asumir su condición de capital", aseguró el conseller.
Acerca del sistema de financiación, informó de que se contempla, además, un mínimo de 30 millones de euros anuales que se deberán pactar en el Consell de Capitalidad, que será el máximo órgano de decisión sobre cuestiones urbanísticas y de financiación y determinará, asimismo, las inversiones a realizar. El Consell estará integrado por el Govern, Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma con presencia paritaria (un voto vinculante cada uno).
COMPETENCIAS URBANÍSTICAS
En cuanto a la cuestión urbanística, la Ley atribuye al Consistorio la capacidad de diseñar y aprobar los planes urbanísticos que se ejecuten en la ciudad, una competencia que hasta ahora del Consell de Mallorca.
Por su parte, la diputada del Grupo Mixto (UM), Dolça Mulet, consideró que "la Ley no es una ley ambiciosa, ni se haya elaborado con el máximo consenso" por lo que, según afirmó, "se queda a medio camino en participación ciudadana, en descentralización, y en materia de financiación económicos para la Palma".
Mulet reiteró su postura en contra de una iniciativa legislativa que "elimina cualquier posibilidad de control del urbanismo en la capital de la isla, al dejar al Consell Insular sin ningún tipo de control supramunicipal", por lo que defendió las tres enmiendas que "justifican que la estructura institucional del Consell de Mallorca no se vea alterada y que impiden que Palma tenga privilegios por encima del resto de municipios de Mallorca".
Por su parte, el portavoz de EU/Els Verds, Miquel Rosselló, mostró su discrepancia sobre la aportación específica que proviene de los presupuesto de la Comunidad Autónoma en concepto de compensación por los costes de capitalidad que es "inferior a al que reclamaba su Grupo", y apuntó como otro elemento de contradicción que se den más competencias al Ayuntamiento sin "estar bien dotadas".
La diputada del PSM, María Antonia Vadell, reclamó coherencia al PP para financiar adecuadamente al Ayuntamiento de modo que pueda aplicar las competencias. Para Vadell "se ha perdido una oportunidad de aprobar una buena ley para Palma" y pidió a los 'populares' que no se apoyen en grandes titulares a favor de Palma y que opten por dotar de los medidos económicos suficientes a la Ciutat.
El diputado del PSIB, Celestí Alomar, lamentó que el objetivo del PP sea crear un mecanismo "más profesional que sirva de 'pinza'", que responde a unas intenciones electorales, de cara a poder tener las manos libres en el caso de que obtengan la mayoría absoluta en las próximas elecciones. "Se trata de una ley para ejercer el poder, y evitar inconvenientes en caso de que el PP no gobierne en determinadas instituciones.
Alomar criticó también que se elimine el control del Consell de Mallorca en materia de urbanismo e hizo alusión a lo ocurrido hace unas semanas en Andratx que pone de manifiesto que el PP "quiere evitar injerencias de otras instituciones" por lo que anunció que solicitarán al Consell Insular que recurra la normativa que "invade competencias a otra institución".
Los Grupos de la oposición presentaron 171 enmiendas al articulado del texto, de las que se han aceptado un 26 por ciento, transaccionado un 37 por ciento de las enmiendas y rechazado el 37 por ciento de las mismas. Finalmente, el Grupo Mixto (UM) se abstuvo en la votación de los artículos que mantenían enmiendas, y el resto de grupos votó en contra, mientras que en el resto articulado, que no mantenía ninguna enmiendas, contó con los votos a favor del PP y la abstención del resto de partidos.
