PALMA DE MALLORCA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PP de Baleares está presentando en las diferentes instituciones de todas las islas y municipios una moción con la que defenderá en las próximas sesiones plenarias instar al Gobierno central a que "se garantice el descuento aéreo y marítimo del 75% para residentes, rechazando cualquier intento de vincularlo al nivel de renta o al número de vuelos de los residentes".
Desde el PP, han explicado que su petición se produce después de que el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, afirmase haber encargado un informe a la Universidad Pompeu Fabra sobre los efectos de estas subvenciones en los transportes y que el Ministerio está trabajando con la Agencia Tributaria, cruzando datos entre las bases de datos de viajes de residentes y de la renta para poder obtener información sobre la correlación entre viajes y nivel de lava, así como cuántas veces se están beneficiando.
El líder del PP en las Islas, Biel Company, considera que esta afirmación supone acabar con "la universalidad de dicho descuento", y supondría "el fin de la naturaleza" del descuento que no es otro que paliar "los efectos de la insularidad en cuanto a conectividad, independientemente de la renta o de la frecuencia de uso".
Según ha dicho, "esto afectaría a colectivos que necesitan de manera especial desplazarse a la Península o viajar entre islas como estudiantes, empresas o trabajadores".
"Los ciudadanos de Balears, así como el resto de territorios extrapeninsulares (Canarias, Ceuta y Melilla) nos encontramos en inferioridad de oportunidades en cuanto a la conectividad, al no disponer de otros medios de transporte más allá de los aéreos o marítimos, por razones obvias", ha remarcado.
En la moción, también destacan que "la aplicación de este descuento "parece haber provocado de forma no deseada una subida de precios abusiva" por parte de los operadores aéreos, que "de hecho absorben una parte de este esfuerzo público que se hace en favor del usuario pero que acaba beneficiando a los operadores".
Según señalan, este hecho ha provocado la evidente queja de consumidores, administraciones, grupos políticos y de la sociedad en general. Así pues, el PP considera necesario establecer mecanismos de control a las operadoras para perseguir y erradicar las malas prácticas con el objetivo de que nadie haga un mal uso de los fondos públicos que financian dicho descuento y porque se asegure un precio final competitivo en estos medios de transporte.
