Rafa Durán, 'Pepote' Ballester y los otros tres detenidos pasan su primera noche en los calabozos de la Policía Nacional

Actualizado: jueves, 6 agosto 2009 12:55

La 'Operación Espada' continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas en el marco del caso Palma Arena

PALMA DE MALLORCA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafa Durán, el ex-director general de Deportes del Govern y ex-medallista olímpico, José Luis 'Pepote' Ballester, pasaron, junto a los otros tres detenidos ayer en la 'Operación Espada', su primera noche en los calabozos de la Policía Nacional por su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con el Velódromo del Palma Arena.

Así, 'Pepote', el ex-gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miquel Romero, y una quinta persona que responde a las iniciales de I.A.S. serán interrogados a lo largo del día de hoy en las dependencias policiales por el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, y está previsto que a las declaraciones también asista el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro.

Por su parte, Durán, quien fuera regidor de Deportes en la pasada legislatura, se negó ayer a declarar en las dependencias de la Policía Nacional, por lo que permanecerá en los calabozos hasta el próximo sábado agotando así el plazo de las 72 horas hasta que sea de nuevo interrogado en dependencias judiciales.

Así lo informó a las puertas de la sede de la Policía Nacional de Palma el abogado de Durán, José Ramón Orta, quien informó de que su cliente se ha acogido a su derecho a no declarar, al tiempo que mostró su "indignación" por el arresto del regidor 'popular', a quien, según reveló, Castro le imputa un delito de prevaricación, por el que "no ingresaría en prisión".

Por otra parte, durante la tarde de ayer, quien sí prestó declaración fue el ingeniero industrial Miquel Ángel Verger, presuntamente implicado en el caso Palma Arena, quien en torno a las 00.30 horas de hoy salió en libertad con cargos, debido a que el juez le atribuye un delito de malversación de caudales públicos. No obstante, su declaración se retomará hoy, tal y como avanzó su abogado, José Ignacio Herrero, a la salida de las dependencias de la Policía Nacional en la calle Ruiz de Alda en Palma.

Verger, quien habría dirigido el proyecto inicial del Palma Arena junto a los arquitectos Luis y Jaime García Ruiz, fue el único de los imputados que no declaró en calidad de detenido, sino que acudió a las dependencias policiales "por su propio pie", según precisó su letrado.

Fuentes de la Policía Nacional informaron a Europa Press de que la 'Operación Espada' continúa abierta, por lo que no se descartan que se produzcan nuevas detenciones a lo largo del día de hoy, sumándose a los cinco arrestos de ayer, que se produjeron en el marco de una serie de registros que la policía judicial llevó a cabo a lo largo del día en oficinas y domicilios particulares, siendo el más extenso el que se realizó en la sede de Nimbus situada en el Paseo Mallorca, número 32A.

La investigación se inició, después de que la Fiscalía Anticorrupción detectara algunas presuntas irregularidades en esta infraestructura deportiva impulsada e inaugurada por el ex presidente del Govern, Jaume Matas.

Así, durante el día de ayer, varios agentes de la Policía Judicial fueron llegando a las dependencias policiales con numerosas cajas incautadas a lo largo de los diferentes registros practicados a lo largo del día. Concretamente, las cajas estaban compuestas por documentación, relacionada con la Fundación Illes Sport; el Mundial de Ciclismo en Pista celebrado en 2007 en el Velódromo del Palma Arena; el Instituto Balear de Turismo (IBATUR), concursos del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y del Instituto de Estrategia Turística (Inestur).

ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía trata de averiguar el origen de los 45 millones de euros que la Unión Temporal de Empresas que construyó el velódromo (Melchor Mascaró y FCC) reclama al actual Govern, sumando casi el doble del coste inicial de la obra, que rondaba los 48 millones de euros.

El Ejecutivo realizó una auditoría técnica tras conocer que el coste final del Palma Arena ascendería a 90,6 millones, lo que suponía un incremento del 89 por ciento respecto al precio final, presupuestado por Matas, situado en 47,7 millones, debido a una serie de "modificaciones de estructura y en la cubierta, así como por unas obras internas en el Estadio".

La secretaria de la Conselleria de Juventud y Deportes, Apolonia Serra, recordó a Europa Press que su departamento envió una auditoría técnica a la Fiscalía, con el fin de que investigase el sobrecoste del presupuesto, después de que los servicios jurídicos del Govern así lo aconsejaran, dado que el coste final de una obra pública no puede aumentar más de un 20% en relación al precio inicial.

En esta auditoría, la Conselleria informó a la Fiscalía Anticorrupción sobre la cantidad exacta que se había licitado y pagado por el procedimiento de obras por parte del Consorcio de Construcción del Velódromo del Palma Arena, que ascendía a 47,7 millones de euros.

Sin embargo, tras pagar esta cantidad, recordó que la UTE que construyó el Velódromo reclamó al Govern un importe de 38,9 millones de euros por una serie de obras "complementarias" que se habían realizado y que no estaban contempladas en el presupuesto inicial.

Precisamente, Serra reveló que "un par de días antes de las elecciones municipales de 2007, la Junta Rectora del citado Consorcio, presidido por el ex-gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, quien se encuentra entre los cinco detenidos, acordó "dar por buena" la reclamación de la UTE.

La Conselleria de Juventud y Deportes abonó buena parte de la cantidad reclamada por la UTE, tras comprobar que, efectivamente, se habían realizado las obras, si bien se negó a abonar 12 de los 38,9 millones reclamados por la constructora, correspondientes a obras realizadas en el Velódromo, así como 1,3 de los 5,5 millones correspondientes al movimiento de tierras y al parking, al estimar que estas partidas incluidas en el presupuesto final son "sospechosas".