PALMA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
Siete personas han reconocido este lunes, en la Audiencia Provincial de Palma, su participación en una trama dedicada al robo de embarcaciones, motos acuáticas y vehículos en diversos puntos de Mallorca, que después se traspasaban a través de una gestoría utilizando documentos falsos.
De este modo, la mayor parte de los procesados ha reconocido los hechos y se ha conformado con penas que van de los seis meses de prisión a un año y diez meses de cárcel, además de diversas multas.
El responsable de la gestoría, en cambio, ha negado su participación; además, otro acusado no ha sido localizado y ha sido declarado en rebeldía, y se ha retirado la acusación para otra procesada.
La Fiscalía pedía inicialmente para los diez acusados penas de entre 18 meses y 12 años de prisión por los delitos de robo, hurto, falsedad de documento público, organización criminal, recaptación y encubrimiento.
En su escrito, la Fiscalía considera que los acusados formaban una estructura organizada y les atribuye hasta 19 hurtos y robos, la mayoría de motos acuáticas aunque también de motocicletas, una caravana y varios vehículos de alta gama en distintos puntos de Mallorca.
Según la fiscal, algunos de los vehículos sustraídos fueron trasladados a Málaga para ser vendidos. En algunas ocasiones, la estructura también simuló autos judiciales para hacerse con los vehículos.
EL PROPIETARIO DE LA GESTORÍA NIEGA HABER PARTICIPADO
En el juicio celebrado este lunes, el propietario de la gestoría ha negado haber participado en la trama, asegurando que él no tramitaba personalmente los cambios de titular de vehículos en la gestoría, sino que lo hacían sus empleados: en concreto, en las fechas que se investigan, tenía once trabajadores.
"No tramité esos vehículos y de hecho no están en nuestra base de datos", ha dicho. También ha declarado que no tenía constancia de posibles irregularidades.
Asimismo, el hombre ha indicado que conoce a uno de los acusados, porque era titular de una empresa que era cliente habitual de su gestoría, pero nunca tuvieron "el más mínimo problema" con ellos.
Por su parte, los agentes de la Guardia Civil que se encargaron del caso han explicado que empezaron a investigar a raíz de diversas denuncias por robos. Pudieron interrogar a un testigo que había visto cómo una furgoneta se llevaba una moto de agua robada en el puerto de Calanova; a partir de ahí, pudieron identificar al titular de la furgoneta y seguir investigando.
La Guardia Civil constató que se habían confeccionado contratos de compraventa falsos para efectuar los traspasos de los vehículos robados, y que los auténticos titulares no habían pasado por la gestoría. De hecho, en algún caso en los papeles estaban mal los números de los documentos de identidad.
USO SIMULTÁNEO DE DOS SALAS POR LAS MEDIDAS COVID-19
La Audiencia ha habilitado el uso simultáneo de dos salas, conectadas entre sí por sistemas de vídeo, para celebrar este juicio garantizando que no se superen los aforos máximos debido a las medidas sanitarias por el COVID-19.
El Tribunal y los abogados se encontraban en una sala mientras que los acusados seguían la sesión desde otra. A ello hay que sumar que otro letrado asistía por videoconferencia desde Málaga. Esto ha supuesto algunas dificultades técnicas, que han estado a punto de suponer la suspensión del juicio.
