18 de agosto de 2019
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  • 25 de mayo de 2010

    UGT, CCOO y CSIF acuden hoy al Tamib como paso previo a la huelga general del sector público

    PALMA DE MALLORCA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

    Los sindicatos convocantes de la huelga general del sector público del próximo día 8 de junio -UGT, CCOO y CSIF- acuden hoy a las 12.30 horas al Tribunal de Arbitraje de Baleares (Tamib), órgano extrajudicial y paritario al que se solicitó su mediación el pasado viernes, como paso previo al registro de la convocatoria de huelga que, de no haber acuerdo, se producirá esta misma semana.

    UGT detalló en un comunicado que el plan de medidas extraordinarias para reducir el gasto público es "una propuesta injusta, porque ataca a las rentas medias y bajas (empleados públicos, pensionistas y personas dependientes) y al conjunto de los sectores más perjudicados, y contraproducente, porque va en contra de la recuperación económica y, por ende, de la recuperación del empleo".

    Además, el sindicato consideró que dichas medidas "ponen de manifiesto el giro brusco de la política fiscal del Gobierno, desde una política orientada a garantizar el gasto social y la inversión productiva para la recuperación de la actividad y la protección del empleo, a una política restrictiva, que afecta gravemente al gasto social".

    Para UGT, las soluciones a la crisis de la economía y el empleo "no deben tener como objetivo único y prioritario la reducción del déficit y el cumplimiento del Plan de Estabilidad y Crecimiento, sino la recuperación del crecimiento económico y del empleo".

    Por ello, esta central sindical planteará una estrategia alternativa a largo plazo para reducir el déficit público vía ingresos, y no vía reducción inmediata del gasto, a través de la recuperación del Impuesto de Patrimonio, la reactivación del Impuesto de Sucesiones, el incremento del IPRF para las rentas más altas, el aumento del IVA a los bienes de lujo y el reforzamiento de la lucha contra el fraude fiscal, entre otros mecanismos.

    En definitiva, "se trata de preservar el bienestar de ciudadanos y trabajadores, junto con la dimensión de lo público y del Estado de bienestar en su conjunto", concluyó.