El conseller propone una mayor participación ciudadana y el uso de las nuevas tecnologías como garantía de la transparencia en los procesos de transformación urbanística
PALMA DE MALLORCA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens, señaló hoy que los "excesos urbanísticos" que se han desarrollado durante los últimos años en las islas han puesto de relieve la "desconexión" existente entre las previsiones del planeamiento territorial y las necesidades reales de la población.
Así se expresó durante la clausura de las VII Jornadas de la Ley del Suelo, Ordenación Territorial y Urbanismo, donde, a raíz de los casos de presunta corrupción aparecidos en el archipiélago, abogó por una mayor participación ciudadana y el uso de las nuevas tecnologías para que se garantice una mayor transparencia en los procesos de desarrollo y transformación urbanística.
Vicens calificó como "triste privilegio" el hecho de que Balares sea la única comunidad autónoma sin una ley autonómica del suelo, aunque aseguró que el proyecto de ley es "completo y riguroso". Asimismo, avanzó que la nueva normativa contribuirá a corregir el desarrollo urbanístico en una autonomía que tiene el territorio como su "principal activo".
Una de las conclusiones alcanzadas por los expertos durante las Jornadas fue la necesidad de restringir la excesiva actividad legislativa en materia urbanística debido a la inseguridad e incertidumbre jurídica. Más de 300 técnicos especialistas y juristas participaron en las jornadas organizadas bajo el lema 'Ley de Suelo, ordenación territorial, urbanismo y valoraciones', y organizadas por la Unión de Arquitectos, Peritos y Forenses de España.
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Jordi Ludevic, reiteró el compromiso de colaboración de la arquitectura con la administración de justicia y apostó por la formación continua de los profesionales para afrontar los retos del futuro.
También se recoge en las conclusiones la preocupación por los delitos contra el urbanismo, el medio ambiente, y el patrimonio arquitectónico, y se insta a las administraciones para que utilicen todos los medios necesarios que permitan recuperar la confianza de los ciudadanos, y hacer viable el restablecimiento de la legalidad urbanística.
En este sentido, los expertos consideraron imprescindible que en el desarrollo reglamentario previsto se clarifiquen los aspectos técnicos que en el redactado de la Ley pueden originar interpretaciones dispersas o confusas.
En estas séptimas jornadas se puso de manifiesto la necesidad de preservar y potenciar la participación ciudadana en todos los procesos urbanísticos que conlleven una afectación a sus intereses. Esta iniciativa ciudadana dotaría de mayor transparencia a los procesos urbanísticos "en unos momentos en los que la desconfianza e inquietud de los administrados es creciente".
Asimismo, el comité propuso que se sienten las bases precisas para que se lleve a cabo una unificación de los términos que clarifique la totalidad de la normativa aplicable en el Estado, con independencia de su ámbito territorial.
Las Jornadas del CGPJ y el CSGAE se celebran cada dos años y abordan temáticas comunes a la edificación, el urbanismo y la justicia. Las nueve ponencias de las que constó la presente edición contaron con la participación de arquitectos, magistrados o abogados expertos en urbanismo.
Al acto de clausura asistieron también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Antonio Terrasa; el decano del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears; Luis Corral, y el presidente de la Unión de Arquitectos y Peritos Forenses de España, Carlos Alvira.
