MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Afganistán ha rechazado las recomendaciones de los países miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pedían abolir el procesamiento de las mujeres por cometer "crímenes morales", según ha informado Human Rights Watch (HRW). El Consejo de Derechos Humanos en su Estudio Periódico Universal publicado el 16 de junio también aconsejaba la abolición de la pena de muerte, la discriminación de los homosexuales y la impunidad.
El 'número dos' de HRW para Asia, Phelim Kine, sostiene que la postura de Afganistán "subraya la evidente diferencia entre su retórica sobre los derechos de las mujeres y su habitual fracaso a la hora de proteger a las mujeres de los graves abusos" y, además, "insulta a los cientos de mujeres y chicas que han sobrevivido a los procesos por 'delitos morales'". HRW considera que "la igualdad de género sigue siendo una prioridad" y ha pedido al Ministerio de Justicia afgano que despenalice delitos como la huida del hogar o las relaciones sexuales extramatrimoniales.
HRW estima que el 95 por ciento de las chicas y el 50 por ciento de las mujeres encarceladas en Afganistán han sido acusadas o condenadas por "delitos morales" por escapar de un matrimonio concertado o de la violencia doméstica. La Policía y los fiscales suelen acusar a las mujeres de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio solo porque no están bajo la supervisión de los hombres de su familia.
Las estadísticas del Ministerio del Interior de Afganistán muestran que el número de hombres y mujeres encarcelados por "delitos morales en Afganistán" ha pasado de 400 en octubre de 2011 a cerca de 600 en mayo de 2013, un incremento del 50 por ciento en un año y medio. En concreto, el número de mujeres y chicas encarceladas ha subido un 30 por ciento.
Aunque Afganistán se comprometió a atajar la violencia contra las mujeres a través de la implantación de la ley de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (EVAW, por sus siglas en inglés) y la creación de comisiones provinciales, lo cierto es que los abogados han presionado para derogar la ley y su aplicación suele ser esporádica.
Según HRW, las mujeres afganas también se enfrentan a crímenes de honor cuando no aceptan un matrimonio concertado o violencia doméstica. El Gobierno de Afganistán ha aceptado revisar las recomendaciones para enmendar el artículo 398 del Código Penal de su país para admitir la responsabilidad completa de aquellos que comentan crímenes de honor.
El artículo 398 dice que una persona que cometa un crimen de honor "está exenta de castigo por asesinato" y no se le podría encarcelar por más de dos años. Sin embargo, el Gobierno afgano ha mantenido que los "perpetradores de estos crímenes no están exonerados" bajo el artículo 398.
OTRAS RECOMENDACIONES
El Gobierno afgano también ha rechazado las recomendaciones para una moratoria en la pena capital. En noviembre de 2012, el Gobierno ejecutó a ocho personas, después de cuatro años de una moratoria informal en la que solo dos personas fueron ejecutadas. El Gobierno tampoco ha aceptado los consejos sobre la no discriminación y el respeto de los Derechos de los colectivos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (LGTB) y la derogación de la cláusula del Código Penal que criminaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.
Según Kine, "el rechazo del Gobierno para reimponer una moratoria sobre la pena de muerte y su voluntad para negar los derechos de las mujeres y de la población LGTB solo garantiza abusos para las víctimas".
RECOMENDACIONES ACEPTADAS
No todo han sido negativas por parte del Gobierno afgano. Las autoridades han accedido a estudiar las recomendaciones centradas en acabar con décadas de impunidad por la grave violación de los Derechos Humanos, incluidos crímenes de guerra, genocidio y tortura.
Afganistán también se planteará "dar a la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán la independencia y autoridad legal para dar cuenta del maltrato a los detenidos" y "adoptar medidas para combatir los casos de tortura y los malos tratos en los centros de detención". A pesar de que en 2013 se prohibió expresamente la tortura, los detenidos siguen sufriendo la violencia en los centros de detención. Sin embargo, no se ha abierto ninguna investigación por casos de tortura en las comisarías y prisiones.
