MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha solicitado en un informe publicado este martes que altos cargos militares de Birmania sean juzgados por cometer crímenes de lesa humanidad en relación con la presunta "limpieza étnica" de musulmanes rohingya.
La organización ha pedido a Naciones Unidas que remita el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue y juzgue a trece altos cargos, entre ellos al jefe de las fuerzas armadas birmanas, el general Min Aung Hlaing, ocho miembros militares y tres miembros de la Policía de la Guardia de Fronteras.
"El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe abandonar el juego de la política y remitir con carácter de urgencia la situación en Birmania a la Corte Penal Internacional, imponer un embargo integral de armas a Birmania e imponer sanciones económicas selectivas contra los funcionarios responsables de los graves crímenes y violaciones de Derechos Humanos", ha señalado el asesor de Amnistía Internacional sobre la respuesta a la crisis, Matthew Wells.
Además, Wells ha asegurado que mientras se remite la situación a la CPI, "la comunidad internacional debe usar el Consejo de Derechos Humanos para crear un mecanismo que recopile y preserve las pruebas para usarlas en futuros procedimientos penales".
En su informe, Amnistía Internacional denuncia cómo las fuerzas armadas de Birmania obligaron a más de 702.000 personas a huir a Bangladesh. También incluye información sobre las detenciones, desapariciones forzosas y actos de tortura llevados a cabo por las fuerzas de seguridad, así como los abusos cometidos por el grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán, entre ellos homicidios y secuestros de rohingyas que supuestamente actuaban como informantes de las autoridades.
Según la organización, los jefes militares amenazaron en algunas poblaciones rohingyas diciendo que si había actividad del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán o si los residentes hacían algo "malo", dispararían directamente contra los rohingya.
"Tenemos orden de quemar todo el poblado si hay alguna alteración. Si ustedes no viven pacíficamente, lo destruiremos todo", afirmó un oficial de las fuerzas armadas de Birmania a un residente rohingya según una conversación recogida por Amnistía Internacional.
La organización denuncia además que las fuerzas de seguridad también violaron a mujeres y niñas rohingyas en sus pueblos y también cuando huían a Bangladesh, algo que contribuyó a que abandonaran el norte del estado de Rajine.
En muchos casos, los hombres y niños fueron brutalmente torturados durante su detención y cuando eran trasladados a las bases de la Guardia de Fronteras, donde estuvieron incomunicados durante días e incluso semanas, según la organización. Entre los métodos de tortura, las fuerzas de seguridad utilizaban brutales palizas, quemaduras, simulacro de ahogamiento y violación para obtener información o para obligarles a confesar que estaban vinculados con el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán.
"Quienes tienen las manos manchadas de sangre, que asciende en la cadena de mando hasta el general Min Aung Hlaing, deben rendir cuentas por su participación en la supervisión o comisión de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de Derechos Humanos con arreglo al derecho internacional", ha afirmado Wells.
