MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha alertado este miércoles de las "draconianas leyes que legalizan una represión sin precedentes" en Egipto seis años después de la caía del expresidente Mohamed Mursi.
"Las autoridades egipcias están tratando de normalizar las violaciones de Derechos Humanos con la aprobación de una serie de leyes para 'legalizar' la intensificación de su represión de la libertad de expresión, asociación y reunión", ha denunciado AI en un comunicado.
La organización, que ha publicado un fulminante informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Egipto desde que llegó al poder el presidente, Abdelfatá al Sisi, ha aseverado que desde que éste llegó al poder la situación ha experimentado un "deterioro catastrófico sin precedentes".
"Mediante una serie de leyes draconianas y de tácticas represivas de sus fuerzas de seguridad, el Gobierno de Al Sisi ha orquestado una campaña concertada para reforzar el control del poder a manos del Estado erosionando aún más la independencia judicial e imponiendo restricciones sofocantes a los medios de comunicación, las ONG, los sindicatos, los partidos políticos y los grupos y activistas independientes", ha afirmado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y el Norte de África.
La ONG ha lamentado que durante dicho Gobierno, Egipto ha sido escenario de miles de detenciones arbitrarias, cientos de ellas de personas que expresaban críticas pacíficas y de manifestantes, así como de la impunidad continuada por violaciones generalizadas de Derechos Humanos como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzosas masivas, las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza.
El texto recoge que desde 2014, se han impuesto más de 1.891 condenas a muerte y han sido ejecutadas al menos 174 personas, a menudo tras juicios manifiestamente injustos.
Según la organización, la ley egipcia sobre ONG de 2017 es un excelente ejemplo de las leyes draconianas que las autoridades egipcias han introducido para sofocar la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. "Esta ley confiere a las autoridades las facultades de negar la inscripción en registro de ONG, recorta las actividades de estas y su financiación, y permite el enjuiciamiento de su personal por delitos definidos de manera imprecisa", indica el documento.
En 2018 las autoridades egipcias aprobaron nuevas leyes sobre medios de comunicación y ciberdelitos que les han dado más facultades para censurar medios impresos, en Internet y de radio y televisión.
Según la Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión, desde mayo de 2017, las autoridades han bloqueado al menos 513 sitios web, algunos de los cuales eran sitios de noticias y otros, de organizaciones de derechos humanos.
Una serie de reformas legislativas firmadas por el presidente en 2017 han permitido asimismo a las autoridades practicar detenciones arbitrarias masivas, imponer la reclusión preventiva indefinida y menoscabar el derecho a un juicio justo.
Desde 2013, miles de personas han sido sometidas a largos periodos de detención en espera de juicio, a veces de hasta cinco años, a menudo en condiciones inhumanas y crueles, sin acceso a atención médica adecuada y con poco acceso o ninguno a visitas familiares.
"Con el Gobierno de Al Sisi las leyes y el sistema judicial, cuya finalidad es hacer respetar el Estado de derecho y proteger los derechos de las personas, se han convertido en instrumentos de represión utilizados para enjuiciar a cualquier persona que critique pacíficamente a las autoridades, mientras las fuerzas de seguridad usan habitualmente la tortura para obtener confesiones falsas y sentencias condenatorias en juicios manifiestamente injustos", ha expresado Mughrabi.
Asimismo, ha subrayado que la comunidad internacional "debe dejar de presenciar en silencio cómo las autoridades egipcias aniquilan la sociedad civil, aplastando todos los signos de disidencia y encarcelando a quienes critican sus políticas y se oponen pacíficamente a ellas, que corren el riesgo de sufrir tortura, desaparición forzada y condiciones de reclusión crueles e inhumanas".
Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados que tomen medidas concretas y suspendan la transferencia de los equipos policiales y de tecnología de vigilancia que están usando las autoridades egipcias para reprimir a la oposición pacífica.
