MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de Túnez ha aplazado este martes hasta el diez de julio el caso por el asesinato en 1991 de un miembro del partido islamista Ennahda, entre cuyos imputados se encuentra el expresidente Zine el Abidine ben Alí.
El caso, el primero presentado ante los tribunales por una comisión que investiga los abusos de Derechos Humanos en Túnez, ha arrancado durante la jornada en la localidad de Gabes.
En la vista, que ha durado cerca de seis horas, han prestado declaración varias víctimas y testigos del caso, en el que están imputados catorce antiguos funcionarios, según ha informado la agencia estatal tunecina de noticias, TAP.
El caso aborda el asesinato en octubre de 1991 de Kamel Matmati, quien fue arrestado en su puesto de trabajo en la Compañía de Electricidad y Gas de Túnez (STEG) y trasladado a una comisaría donde murió bajo custodia.
Ben Alí, quien reside en Arabia Saudí, a donde marchó al exilio tras las protestas populares contra su régimen en enero de 2011 en el marco de la llamada 'Primavera Árabe', está siendo juzgado 'in absentia'.
El expresidente vive en Arabia Saudí alejado de los focos --han sido muy escasas sus apariciones o las noticias acerca de su persona-- junto a su esposa y sus tres hijos, aparentemente a salvo de la petición de extradición formulada por Túnez a la Interpol.
En el país árabe que una vez gobernó ha sido objeto de varios juicios, y, en el más sonado de todos, que finalizó en junio de 2012, fue condenado a cadena perpetua por complicidad en el asesinato de manifestantes durante el levantamiento contra su régimen, que se saldó con la muerte de al menos 338 personas a causa de la represión de las autoridades.
Además, tanto él como su mujer han sido condenados 'in absentia' a 35 años de cárcel y el pago de 91 millones de dinares tunecinos (unos 45,5 millones de euros) por malversación de fondos públicos; a 15 años por posesión de armas, estupefacientes y objetos históricos; y a seis años por corrupción y fraudes inmobiliarios.
Los casos de corrupción en los que estaba visiblemente implicada la familia Ben Alí y las figuras más cercanas al régimen fueron uno de los detonantes de las manifestaciones, con una población harta de los excesos de las autoridades y de la falta de derechos y beneficios sociales de los que disfrutaban la mayoría de los tunecinos.
En este sentido, el Banco Mundial --que previamente había aplaudido las políticas económicas de Túnez-- afirmó en un informe publicado en marzo de 2014 que el régimen de Ben Alí controló el sistema político, económico y judicial del país con el objetivo de enriquecerse.
