MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) ha expresado este lunes su "grave preocupación" por la solicitud del Ministerio de Justicia a la Judicatura para que suspenda las actividades de la Sociedad Nacional Islámica Wefaq --el principal grupo político chií del país-- por considerar que opera sin transparencia y bajo la ilegalidad.
El Ministerio cita como motivo específico que Al Wefaq ha violado sus propios estatutos al anular las últimas cuatro asambleas generales por falta de quórum y de la transparencia necesarias para su celebración.
Las autoridades han insistido en repetidas ocasiones que Al Wefaq "debe respetar sus propios estamentos". Ahora, según el Ministerio de Justicia, Al Wefaq se gobierna no por la asamblea sino por un reducido comité liderado por "un religioso" que acepta o rechaza a voluntad a los candidatos propuestos para liderar el grupo.
Así, las autoridades bahreiníes han declarado que Al Wefaq está violando la regla fundamental de transparencia de grupos activistas a cambio de la cual el Gobierno se comprometió a adoptar una reforma política para incrementar la democracia en el país, según el texto recogido por la agencia oficial del país, BNA.
En respuesta, el BCHR ha expresado que, "independientemente de las excusas planteadas, la sociedad está siendo atacada por su postura de oposición y a consecuencia de su reunión con el vicesecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo de Estados Unidos, Tom Malinowski".
Malinowski, que fue declarado persona non grata y expulsado del país por reunirse con varios altos cargos de Al Wefaq, criticó poco después a las autoridades de Bahréin. "Parece que la decisión de Bahréin no es sobre mí, sino para minar el diálogo. Los que están comprometidos con la reconciliación no deben ser disuadidos", dijo.
"La demanda es otra muestra de los intentos del régimen de intentar silenciar a las voces opositores en Bahréin a través de leyes que han sido creadas para restringir las libertades fundamentales", ha agregado.
"No es la primera vez que las autoridades actúan contra Al Wefaq, considerado como el principal partido político del país. La formación ha sido sometida a un acoso que se ha incrementado desde el surgimiento del movimiento popular prodemocrático en el país", ha remachado.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las manifestaciones, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
