RANGÚN, 11 Abr. (Reuters/EP) -
Birmania realiza su primer censo desde 1983 ante la expectación de cómo se registra a los miembros de la etnia rohingya, musulmanes que habitan en la provincia de Rajine y que han sido descritos por Naciones Unidas como una de las minorías más perseguidas del mundo.
Fuentes oficiales han comunicado que cerca de 100.000 profesores han sido desplegados por todo el país para recoger los datos del censo. Realizarán la actividad a pie y el proceso no está informatizado, por lo que los datos se tomarán en cuadernos y se sumarán con calculadoras.
Para el operativo también se han desplegado camiones que recorren las diferentes poblaciones para realizar un llamamiento a la llegada del personal encargado de elaborar el censo. También se ha realizado una gran campaña mediática para recordar el registro a los ciudadanos birmanos.
Grupos humanitarios han estimado que el censo va a costar cerca de 74 millones de dólares (53 millones de euros) y se registrarán entre 48 y 65 millones de personas. También han realizado entrevistas en Rangún para conocer la opinión de la población sobre el proceso.
La voluntaria Susu Win, que ha trabajado doce horas al día en las que ha entrevistado a una media de 100 familias, ha declarado que "el mayor problema" ha sido tener que "subir ocho o nueve pisos de cuatro o cinco edificios sin ascensor", ha concluido.
NO SE HACE EN EL MEJOR MOMENTO
Las organizaciones humanitarias y grupos étnicos de Birmania habían solicitado que se pospusiese el censo hasta que se pudiese realizar de una manera más segura y transparente.
El Gobierno respondió haciendo la promesa de que los diferentes grupos étnicos podrían elegir su categorización, aunque el portavoz de la presidencia, Ye Htut, ha indicado que el uso del término rohingya está prohibido. Grupos budistas del estado de Rajine han denunciado que permitir esta denominación legitimaría a la minoría musulmana.
El Gobierno ha descrito a los rohingya como bengalíes y ha señalado en varias ocasiones que una gran parte de esta minoría son inmigrantes irregulares procedentes del vecino Bangladés.
La activista rohingya Wai Wai Nu ha declarado que su familia ha vivido en Birmania desde hace varios siglos y que las personas que realizan el censo les han dicho que no está permitido definirse como rohingya. Cuando ha solicitado que le mostrasen la prueba escrita de la prohibición le han comunicado que se trata de una orden verbal.
La joven activista ha comentado que la mayoría de los rohingya ha insistido en ser registrado por su etnia. "Nuestra identidad es muy importante para poder conseguir los mismos derechos que los demás ciudadanos de Birmania", ha añadido.
La represión durante los 50 años de dictadura militar mantuvo bajo control las tensiones étnicas en uno de los países más diversos de Asia. Pero la violencia irrumpió de nuevo cuando un Gobierno civil se hizo con el control en 2011. El país ha soportado varios episodios de violencia al haberse producido enfrentamientos entre budistas y rohingya. Una gran parte de estos ataques han sido relacionados con grupos budistas extremistas.
CRÍTICAS AL GOBIERNO
La oposición ha criticado que el Gobierno birmano y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) ya sabían que el censo iba a resultar problemático antes de realizarse, aunque decidieron ignorar estas preocupaciones. Además, organizaciones humanitarias han denunciado que el Gobierno está intentado dificultar deliberadamente el registro de personas de la etnia rohingya.
"El escrito estaba en las paredes y todo el mundo lo conocía", ha declarado el director ejecutivo de Fortify Rights, Matthew Smith. "El Gobierno nunca ha tenido la intención de reconocer a los rohingya en el censo", ha añadido el dirigente de la organización, que opera en el sudeste asiático.
Organizaciones críticas con el registro han denunciado que el Gobierno y UNFPA han reconocido 135 grupos étnicos en el censo, añadiendo que se trata de una cifra desfasada y poco ajustada a la realidad. Diferentes etnias han advertido de que su representación política se verá comprometida si el censo refleja una representación inferior a la real.
Según Human Rights Watch, milicias étnicas armadas han anunciado que van a prohibir la entrada del personal que elabora el censo en su territorio.
"Si UNFPA y el Gobierno hubiesen retirado del censo las cuestiones étnicas y religiosas se habría conseguido un censo parcial mucho mejor a cualquier otro", ha declarado Smith. "Pero en este momento, habría sido mejor para el país que los censores se hubiesen quedado en casa", ha concluido.
