BANJA LUKA (BOSNIA), 23 Abr. (EP/AP) -
El Parlamento de la República Srpska, incluida en Bosnia y Herzegovina, ratificó hoy el veto a un plan bosniaco que exige al país vecino, Serbia, arrestar a todos los sospechosos de haber cometido crímenes de guerra y aquellos acusados de genocidio con 69 votos a favor y seis en contra.
La ratificación se produce después de que el presidente bosnio, Nebojsa Radmanovic, emitiera el pasado 11 de abril un veto contra la medida, ya que cada una de las tres comunidades en Bosnia --serbia, croata y bosniaca-- tiene derecho de veto sobre cualquier decisión estatal si consideran que va en perjuicio de sus intereses vitales.
Bosnia, dividido en dos entidades, la serbia o República Srpska y la croata-musulmana o Federación croata-musulmana de Bosnia y Herzergovina --cada una tiene un Parlamento, Gobierno y Presidente propios--, cuenta con una presidencia tripartita, formada por el serbio Nebojsa Radmanovic, de la Unión de Socialdemócratas Independientes (SNSD), el bosnio Haris Silajdzic, del Partido para Bosnia y Herzegovina, y el croata Zeljko Komsic, del Partido Social Demócrata.
Los presidentes bosniaco y croata de Bosnia y Herzegovina, Haris Silajdzic y Zeljko Komsic, respectivamente, habían aprobado una petición para que Belgrado detuviera a Ratko Mladic, pero el presidente serbio de Bosnia, Nebojsa Radmanovic, vetó la moción alegando intereses "destructivos" para la República de Srpska.
Tras el veto de Radmanovic, Silajdzic censuró sus argumentos que, a su juicio, "convierten a la República Srpska en un agente de Serbia", al tiempo que envía un mensaje a las comunidades no serbias de Bosnia y Herzegovina de que "los intereses de la República Srpska son opuestos a sus intereses por participar en el genocidio".
Por su parte, Radmanovic aseguró hoy que la petición para que Serbia detenga a los sospechosos de crímenes "es innecesaria e inapropiada y no contribuye a llevar ante la justicia a los sospechosos de crímenes de guerra" ya que "no hay necesidad de que la presidencia dé tantos avisos".
La cuestión de fondo radicó en exigir a Serbia el cumplimiento de sus obligaciones respecto a la convención contra el genocidio y arrestar a los sospechosos acusados por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY). Tal petición estaría basada en un auto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que el pasado febrero dictó que, si bien Serbia no es responsable del genocidio en Bosnia, sí determinó que tropas serbobosniacas perpetraron genocidio en el enclave bosniaco de Srebrenica en 1995, y dio un tirón de orejas a Belgrado por subrayar que Serbia pudo haber impedido los crímenes de guerra y procesado a sus autores.
Uno de los principales sospechosos del asesinato en Srebrenica de unos 8.000 jóvenes bosniaco-musulmanes, muchos de ellos menores de edad, es el comandante del Ejército serbio, el general serbobosniaco Ratko Mladic, el cual fue acusado por el TPIY, con sede en La Haya, hace más de una década, aunque permanece aún fugitivo, escondido, se cree, en Serbia.
