BUJUMBURA, 4 Nov. (EP/AP) -
Los dipultados de Burundi concedieron ayer mediante ley la inmunidad temporal a los líderes rebeldes del Frente de Liberación Nacional, y se comprometieron a no solicitar su imputación por delitos de crímenes de guerra mientras que se desarrollan las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre las partes.
La proposición de ley, que no contó con nigún voto en contra aunque sí con la abstención de dos parlamentarios, acelerará según la ministra de Justicia burundesa, Clotilde Niragira, la implantación de un alto el fuego permanente.
En este sentido, la ley concederá inmunidad sobre crímenes violentos perpetrados hasta el pasado 7 de septiembre, fecha en la que se firmó el acuerdo de paz, hasta la creación futura de un Tribunal especial que tenga competencia en la materia.
El alto el fuego alcanzado entre el Gobierno y los rebeldes del Frente de Liberación Nacional (conocido por sus siglas en francés, FNL), que sólo se logró un año después de que el resto de los grupos rebeldes se comprometieran a deponer sus armas, pone fin a 12 años de guerra civil en Burundi con un balance superior a los 250.000 muertos.
En octubre, la organización Human Rights Watch, organización pro Derechos Humanos con sede en Nueva York, acusó al Gobierno del presidente burundés, Pierre Nkurunziza, con sólo un año en el poder desde mitad de 2005, de fracasar en su intento de traer ante la justicia a aquellos acusados de cometer asesinatos extrajudiciales.
El país lleva años de enfrentamientos tensos entre la étnia mayoritaria Hutu, cuyas autoridades gobiernan el país desde su independencia de Bélgica en 1962 y la minoritaria étnia Tutsi, que también se han trasladado a la vecina Ruanda, donde medio millón de Tutsis y Hutus moderados fueron masacrados en 1994.
