PEKÍN, 26 Jul. (Reuters/EP) -
El organismo de control de corrupción de China ha señalado este jueves que los sospechosos detenidos bajo una controvertida nueva medida introducida a nivel nacional este año deben ser bien tratados.
El Congreso Nacional del Pueblo finalizó en marzo el establecimiento de una Comisión Nacional de Supervisión con el poder de investigar a todos los empleados estatales, extendiendo el poder del regulador existentem que anteriormente se había centrado en los miembros del Partido Comunista.
El nuevo organismo ha sido criticado por algunos juristas por no proteger los derechos de los sospechosos durante las investigaciones, en parte porque usará un controvertido "liuzhi", o sistema de detención, que opera al margen de la ley de procedimiento penal existente.
El presidente de China, Xi Jinping, lanzó una campaña radical contra la corrupción hace más de cinco años. Hubo varios casos de sospechosos de corrupción que fueron maltratados o torturados y el Gobierno ha prometido erradicarlos.
La Comisión Central para la Inspección Disciplinaria, que lucha contra los fraudes, ha afirmado que dejaba en claro que no se debía abusar del nuevo método de detención y ha reconocido la preocupación del público.
"'Liuzhi' es un importante método de investigación otorgado por ley a lo órganos de supervisión y es un foco de gran atención de varios sectores de la sociedad", ha señalado en un comunicado. "En esto, las reglas son claras, que el método 'liuzhi' debe usarse con precaución bajo estipulaciones legales y el proceso debe ser estrictamente comprendido", ha aseverado.
Las personas que son investigadas con este método deben tener acceso a alimentos y bebidas, descanso y tratamiento médico garantizado, según el comunicado.
A los testigos se les debe mostrar un documento que describa sus derechos y obligaciones cuando se les interroga primero, se debe mantener la confidencialidad y se debe brindar protección si corren el riesgo de "ataques de venganza", ha aseverado.
Xi anunció el nuevo sistema de detención en octubre para reemplazar el anterior sistema 'shuanggui', en el que los miembros del partido se sometieron a interrogatorios en un lugar y hora elegidos por los investigadores.
Los grupos defensores de Derechos Humanos han asegurado que las antiguas medidas secretas extrajudiciales que hacían uso de lugares fuera de la red con poca supervisión permitían la tortura, el abuso y las confesiones forzadas.
Algunos activistas y juristas han expresado su preocupación de que el nuevo sistema de detención simplemente atrincherará y extenderá las prácticas anteriores bajo un barniz de legalidad, algo que el Gobierno ha negado.
