PEKÍN, 13 Abr. (EUROPA PRESS/Débora Altit) -
El Gobierno chino ha hecho público hoy su primer "plan de acción" en materia de Derechos Humanos, con el que pretende establecer su agenda social en un año el que la incertidumbre económica y la celebración de aniversarios como el de la masacre de Tiananmen pueden poner en riesgo la estabilidad nacional.
"La aplicación de los Derechos Humanos, en su más amplio sentido, ha sido un ideal largamente deseado de la Humanidad y también un objetivo perseguido durante largo tiempo por el Gobierno chino y su pueblo", señala el documento publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado (Gobierno) y recogido íntegramente por la agencia oficial Xinhua.
Pese al nombre, el plan de acción, en la práctica, sigue defendiendo la posición de Pekín de priorizar "Derechos Humanos" como el derecho a la educación o a una cobertura sanitaria, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, y no persigue incrementar las garantías en aspectos como la libertad de expresión, en la que China presenta importantes deficiencias. "China da prioridad a los derechos de la población a la subsistencia y al desarrollo", aclara el documento.
No obstante, los objetivos, al menos en el papel, no dejan de ser ambiciosos. El plan, cuyos puntos deben ser aplicados en los dos próximos años, habla de la igualdad a la hora de acceder a "servicios sanitarios básicos", lo que supone un importante cambio con respecto a la situación desde la apertura económica a finales de los años setenta, tras la que el campo fue dejado de lado.
Entre los más beneficiados estarán los pobres, la tercera edad y los discapacitados. Para estos últimos, por ejemplo, el Gobierno promete 300.000 nuevos empleos y subsidios que garanticen que los cuatro millones de discapacitados que hay, oficialmente, en las zonas rurales, cuenten con comida, ropa y techo.
FALTA DE CONTROL EN LA POLICÍA
Tampoco tiene presente el plan la falta de control de las fuerzas de seguridad y el escándalo levantado tras saberse de la muerte de varios jóvenes, en distintas partes del país, mientras permanecían bajo vigilancia policial.
El documento señala que "todas las alas de interrogatorios deben establecer una separación física entre los detenidos y los interrogadores", reconociendo implícitamente las acusaciones internacionales vertidas durante años sobre el amplio uso de la tortura en el país asiático.
Ahora, además, los detenidos serán sometidos a un reconocimiento físico antes y después de entrar en prisión, para garantizar que no han sufrido castigos físicos. Y también serán, o al menos así consta en el papel, informados junto con su familia sobre sus derechos y los procedimientos legales.
El plan no hace mención sobre aspectos que minan las garantías de los acusados, como el hecho de que los centros de detención en los que los sospechosos pueden ser mantenidos durante meses, aun sin pruebas, estén a cargo de los mismos encargados de investigar los casos, lo que "facilita" el recurso a la tortura.
LIMITAR LAS CONDENAS A MUERTE
Tampoco menciona el hecho de la connivencia entre el poder judicial y las diversas administraciones por la ausencia de una separación de poderes, si bien se marca como objetivo limitar la aplicación de las condenas a muerte, algo en línea con las medidas puestas en marcha en los últimos años.
"La pena de muerte se controlará de manera estricta y se aplicará de forma prudente", promete el documento, que recuerda que estas sentencias deben pasar por la máxima instancia judicial, el Tribunal Popular Supremo, para ser revisadas y aprobadas.
El texto sigue desgranando promesas para los próximos dos años, que incluyen la cobertura médica para las gestantes y madres, que superará "en la China urbana y rural el 90% y el 80%, respectivamente, para 2010". El plan ambiciona que el 90% de las mujeres de las zonas rurales del país, donde vive más de la mita de la población, den a luz en hospitales.
Para las mujeres hay, además, otra nueva promesa, ya que se asegura que "las mujeres deberían representar al menos el 50% de los puestos de mando de ministerios, gobiernos provinciales y locales". La fecha en la que este objetivo se hará realidad, sin embargo, no queda clara.
EDUCAR A LAS NUEVAS GENERACIONES
El nuevo plan, que se da a conocer, oportunamente, en un año en el que se espere que crezca la inestabilidad social, ante el aumento del desempleo como consecuencia de la crisis económica mundial, pretende también educar a las próximas generaciones. Así, otros de los objetivos incluye impartir clases sobre leyes y derechos humanos entre los alumnos de primaria y secundaria.
El programa académico explicaría a los estudiantes las "obligaciones y derechos de los ciudadanos", incluyendo conceptos como "democracia, estado de derecho, libertad, igualdad, equidad y justicia", pero también otro tipo de conceptos como "relaciones interpersonales, colectivismo, nación y sociedad".
