El fiscal González Mota asegura en el PE que no hay imputados en la causa abierta por el uso de aeropuertos españoles
BRUSELAS, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, aseguró hoy en la comisión temporal del Parlamento Europeo que analiza las actividades irregulares de la CIA en territorio de la UE que se pedirá desclasificar información de los servicios secretos españoles si se considera "útil y conveniente" para esclarecer los hechos de la investigación liderada por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia sobre la implicación de aeropuertos españoles en las acciones de la Agencia de Inteligencia norteamericana.
"Si fuera necesario solicitar información clasificada o considerada como secreta, desde luego sí se pedirá, siempre que sea útil y conveniente para esclarecer los hechos de la investigación", resaltó, sin aclarar si es intención o no de la Audiencia hacerlo. El fiscal comenzó su intervención defendiendo el principio de "justicia universal" para delitos como el genocidio y recordó que los tribunales españoles, como los de Alemania, Bélgica, Suecia, Italia y Dinamarca, tienen jurisdicción universal para los crímenes contra los derechos humanos.
Así, aseguró que la jurisdicción española se ejercerá "con todas sus consecuencias" respecto a las "situaciones de detención ilegal constatables en territorio español y respecto a las torturas que hayan sufrido los secuestrados dentro o fuera de España". Además, aprovechó su intervención para pedir que el espacio judicial europeo avance en la persecución y enjuiciamiento de crímenes contra los derechos humanos.
"Tengo la impresión de que es imprescindible reforzar esta idea y avanzar cuanto más mejor hacia la jurisdicción única cuando se trate de investigar crímenes contra los derechos humanos porque son mucho más difíciles los mecanismos de respuesta de los Estados y de profundizar en la investigación de este tipo de delitos". Esa idea debería permitir, en su opinión, que cualquier autoridad judicial de la Unión Europea estuviera habilitada para perseguir estos delitos "cualquiera que sea el territorio de la Unión en que se cometan".
Zaragoza compareció junto al fiscal Vicente González Mota, quien aseguró que no hay imputados en la causa abierta el pasado mes de junio de 2006 y que la fiscalía tratará de dilucidar si ha habido "actos preparatorios de torturas".
"Queremos saber qué paso en esa escala, quiénes estaban, qué hicieron, de dónde vinieron, dónde iban. Y cuando lleguemos a una conclusión podremos determinar qué es lo que pasó en España y si eso puede ser calificado o no de delito", dijo en relación a la escala que hizo en Palma de Mallorca el avión que trasladó al ciudadano alemán de origen libanés, Jaled Al Masri, a Macedonia, donde fue secuestrado y luego trasladado a Afganistán para ser sometido a torturas.
Durante la comparecencia de los letrados, el ponente del informe elaborado por el Parlamento Europeo, el eurodiputado socialista italiano Claudio Fava, quiso saber si los aeropuertos españoles fueron algo más que meras escalas, tal y como apuntaba el Consejo de Europa, que sostenía que eran plataforma de salida para aviones de la CIA implicados en actividades irregulares.
González Mota respondió que en este momento no disponen de datos que permitan afirmar lo que Fava sugería acerca de que los aeropuertos no fueron utilizados solo como escala. "Los datos no me permiten darle una respuesta afirmativa a la hipótesis que formula", indicó. El letrado resaltó también que, tarde o temprano, dispondrán de datos sobre todos los vuelos y que no se está dirigiendo un proceso penal contra instituciones sino que sólo se podrá imputar a personas concretas.
Por su parte, la diputada socialista Elena Valenciano pidió a los comparecientes pronunciarse sobre la disposición del Gobierno a colaborar con la investigación. Zaragoza respondió que no ha habido "ningún obstáculo o inconveniente" a la acción de la justicia y los tribunales para investigar estos hechos. También se felicitó de la cooperación entre los órganos judiciales de España con Alemania e Italia --que tienen abiertas investigaciones similares--, recordó que se han solicitado numerosas comisiones rogatorias a otros países, y que se han incorporado al proceso "todos los elementos necesarios".
También puso de relieve, a preguntas del eurodiputado de CiU, Ignasi Guardans, que quiso saber si la investigación de la Fiscalía se basará en el principio de territorialiad o en el de jurisdicción universal, que si la justicia española está habilitada para investigar delitos de tortura en Macedonia también lo estará para investigar actos preparatorios de delitos en España.
El eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Raül Romeva, evocó posibles presiones de la Audiencia de Baleares para recuperar el dossier pero el fiscal de la AN negó "presiones o desavenencias" destacando que finalmente todas las investigaciones han recalado en la Audiencia Nacional como único órgano competente para estudiar el caso porque el resto de tribunales carece de jurisdicción.
Finalmente, los magistrados recalcaron que antes de establecer posibles responsabilidades penales hay que tratar de encontrar las pruebas necesarias que vinculen "unos hechos con otros". "Primero tenemos que encontrar la conexión probatoria entre un hecho y otro para delimitar la responsabilidad penal de alguien y se podrá exigir, si llega el caso, responsabilidades", señalaron.
