La resolución de la APCE pide a los Gobiernos que revisen sus acuerdos de uso de instalaciones militares con EEUU
MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Delegación Española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), el senador Lluís Maria de Puig, subrayó hoy que no hay pruebas que constaten que España haya colaborado "por activa o por pasiva" con actividades ilegales de la CIA, y criticó que el relator de la APCE, Dick Marty, mencionara a España en la exposición de motivos de su informe.
En declaraciones a Europa Press, De Puig (PSC) destacó que Marty no incluyó a España --ni de manera específica a ningún país-- en los textos que sometió a la votación de la Comisión de Asuntos Legales de la APCE, ni acusó a España durante su rueda de prensa posterior. "Lo interpretamos como una rectificación", afirmó.
"Él sabe que no puede acusar; se puede puede pensar que esto ha sucedido, pero no acusar al Gobierno de no querer saber. Nosotros nos hemos plantado ante Estados Unidos pidiéndoles los datos de los vuelos", declaró.
De Puig, en su condición de presidente de la delegación española en la APCE, fue el encargado de transmitir a Marty toda la información recopilada en España y remitida por el Gobierno español, y de toda ella se deduce que no hay pruebas. "Todas las diligencias judiciales han sido sobreseídas porque no se ha encontrado ninguna prueba. Se puede sospechar, pero no hay pruebas", relató el senador.
Marty afirmó, en la exposición de motivos que hizo ante la Comisión de Asuntos Legales de la APCE, que siete países europeos "pueden ser responsables, en grados directos y no definidos definitivamente en todos los casos, de violaciones de derechos" de personas bien identificadas. Se trata de Suecia, Bosnia-Herzegovina, Reino Unido, Italia, Macedonia, Alemania y Turquía, países donde fueron secuestrados o trasladados sospechosos de terrorismo, o que colaboraron con las detenciones ilegales.
Pero además, menciona otra lista de países "que pueden ser responsables" de permitir, o no investigar, vuelos o centros de la CIA que sirvieron para trasladar o retener a los prisioneros. Es el caso de Polonia y Rumanía, por funcionamiento de centros secretos; Alemania, Turquía, España y Chipre, como "plataforma" para vuelos ligados a traslados ilegales; e Irlanda, Reino Unido, Portugal, Grecia e Italia como lugares donde hicieron "escala" vuelos ligados al traslado de detenidos.
En el caso de España, los registros de aviación confirman que un avión civil propiedad de la CIA despegó de Palma de Mallorca el 23 de enero de 2004 rumbo a Skopje, donde llegó a las 20.51 horas y desde donde despegó tres horas después hacia Bagdad y Kabul. En Macedonia fue presuntamente secuestrado el ciudadano alemán Jaled al Masri, y este vuelo fue el que le trasladó fuera de Europa. Además, el parlamentario suizo dijo después, en rueda de prensa, que Palma de Mallorca fue usado "de manera sistemática" por equipos de la CIA para preparar misiones y descansar después.
Para De Puig, es "una broma" que Marty dijera que estos países "pueden ser responsables" de haber permitido actividades de la CIA y después asegure que él no acusa a nadie y sólo pide a los Gobiernos que establezcan la verdad. En todo caso, quiso destacar que los textos sometidos a votación de la Comisión, que se llevarán al pleno de la APCE el 27 de junio, no se menciona a España, y confió en que siga siendo así para entonces.
La resolución aprobada por la Comisión sí afirma que "en todo el mundo Estados Unidos ha tejido progresivamente una tela de araña clandestina de desapariciones, detenciones secretas y traslados ilegales entre Estados, a menudo incluyendo países conocidos por su uso de la tortura", y que en esta red han caído "cientos de personas", algunos "sólo sospechosos de simpatizar con una presunta organización terrorista".
"TELA DE ARAÑA"
Además, dice que la 'tela de araña' se ha tejido con la "colaboración o tolerancia de muchos países, incluidos varios del Consejo de Europa", aunque los principios de éste son incompatibles con tal colaboración.
Dice también, sin mencionar nombres, que "algunos Estados del Consejo de Europa han pactado a sabiendas con Estados Unidos para llevar a caso estas operaciones ilegales", mientras otros "las han tolerado o simplemente han mirado para otro lado".
Por ello, pide a los Gobiernos que hagan una "revisión crítica" del marco legal de sus servicios de inteligencia, para mejorar su eficacia y, al mismo tiempo, sus mecanismos de control para evitar abusos. Propone, asimismo, leyes de secreto que protejan a las personas que denuncien actividades ilegales de organismos estatales.
En la misma línea, solicita "normas claras" que regulen la cooperación de los Gobiernos con servicios secretos extranjeros, y de los servicios secretos extranjeros en territorio de otro país. En concreto, reclama a los países europeos que revisen sus acuerdos bilaterales con Estados Unidos, especialmente en lo relativo al estatus de sus fuerzas en Europa y a su uso de infraestructuras militares y de otro tipo.
La resolución aprobada urge también a Estados Unidos a "desmantelar" su sistema de entregas extraordinarias y coopere con el Consejo de Europa para combatir el terrorismo respetando la legalidad.
La Comisión aprobó también una recomendación para que el Consejo de Ministros del Consejo de Europa redacte un texto con medidas comunes para garantizar de forma más efectiva los Derechos Humanos de los sospechosos de terrorismo detenidos en territorio europeo.
Además, pide un conjunto de requisitos mínimos para diseñar "cláusulas de protección de los Derechos Humanos" para incluirlas en los acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países, especialmente acuerdos relativos al uso de instalaciones militares.
Igualmente, reclama una iniciativa internacional que incluya a Estados Unidos para desarrollar una estrategia global contra el terrorismo, coherente con los principios de la democracia, los Derechos Humanos y el imperio de la ley.
Recomienda además encontrar métodos para mejorar las capacidades del Consejo de Europa para reaccionar de manera rápida y efectiva a las denuncias de abuso sistemático de los Derechos Humanos cuando haya varios países europeos implicados.
