Piden investigaciones públicas e independientes sobre la implicación de agentes estatales y una protesta pública a EEUU
LONDRES, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas, Amnistía Internacional y la Asociación para la Prevención de la Tortura hicieron público hoy un programa de doce "pasos positivos" para poner fin a las "entregas extraordinarias" y las detenciones secretas en Europa.
Entre las doce propuestas, presentadas hoy en una declaración conjunta, destacan la puesta en marcha de investigaciones "públicas independientes" para determinar la implicación de agentes estatales, la elevación de una protesta al Gobierno de Estados Unidos, la exigencia de que se respete la prohibición de devolver personas a Estados donde pueden ser torturadas o la aplicación efectiva del derecho penal contra la actividad de los agentes nacionales o extranjeros que participen en actividades delictivas.
"El informe presentado por el senador Dick Marty a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, junto con las investigaciones del Parlamento de la Unión Europea, organizaciones no gubernamentales y periodistas, demuestran de manera convincente que los funcionarios de ciertos Estados europeos han tolerado, y en algunos casos apoyado activamente, el programa de 'entregas extraordinarias' y detenciones secretas dirigido por Estados Unidos", señalan las ONG en una declaración conjunta.
Como consecuencia de este sistema "se ha detenido y transferido a personas al extranjero sin el debido proceso judicial, a lugares donde han sido sometidos a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", prosiguen las organizaciones, que recuerdan que "algunos han sido entregados a Estados que utilizan sistemáticamente la tortura, para su interrogatorio".
Otras personas han sido recluidas en secreto, en Europa y otros lugares, continúa la declaración conjunta, y el senador Marty señala en su informe que "siguen existiendo fuertes indicios, y cada vez más numerosos" de que Estados Unidos ha dirigido centros de detención secreta en varios Estados miembros del Consejo de Europa. "Muchos de estos casos constituyen desaparición forzada, que es un delito tipificado en el derecho internacional", indican las ONG.
Según las organizaciones firmantes, las personas privadas de libertad por este sistema no tienen ninguna posibilidad de resarcimiento judicial ni disponen de un mecanismo que determine su culpabilidad o inocencia, "en contra de los principios elementales del respeto al Estado de derecho, la dignidad humana y la imparcialidad".
"Es inaceptable, e ilegal, que los Estados europeos consientan o participen activamente en 'entregas extraordinarias' o detenciones secretas", afirman las ONG. "Al hacerlo contravienen sus obligaciones fundamentales en materia de Derechos Humanos", añaden.
Por todo ello, proponen una serie de "pasos positivos que garanticen que las medidas internacionales adoptadas contra el terrorismo no dan lugar a la comisión de nuevas violaciones de Derechos Humanos en su territorio, y que garanticen que nadie es transferido a un Estado extranjero si en él corre peligro de sufrir violaciones de Derechos Humanos".
DOCE "PASOS POSITIVOS"
Los pasos positivos propuestos por Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas, Amnistía Internacional y la Asociación para la Prevención de la Tortura se contemplan en un programa de doce puntos.
Por una parte, las ONG proponen que se suspenda cualquier participación en "entregas extraordinarias" y detenciones ilegales, y se den "instrucciones inequívocas" a los servicios de información, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las agencias de transporte para que no colaboren en modo alguno en 'entregas extraordinarias' o detenciones ilegales y para que comuniquen toda información de que dispongan sobre 'entregas extraordinarias' o detenciones ilegales realizadas en el territorio del Estado o bajo su jurisdicción.
Asimismo, piden el establecimiento de investigaciones públicas independientes con plenas facultades investigadoras para determinar si la cooperación de agentes estatales con organismos extranjeros de información y de aplicación de la ley ha dado lugar a violaciones de Derechos Humanos.
Las ONG consideran que se debe "elevar públicamente una protesta inequívoca al Gobierno estadounidense para que ponga fin a sus prácticas de entrega extraordinaria y detención ilegal en todo el mundo, y para que obligue a responder de sus actos a todo el que haya participado en tales prácticas".
Aparte, exigen que se respete y se haga respetar la prohibición de devolver personas a Estados donde podrían ser torturadas o sometidas a trato cruel, inhumano o degradante u otras violaciones graves de Derechos Humanos.
Otro de los "pasos positivos" propuestos por las organizaciones es la revisión de los términos del Estatuto de las Fuerzas de Seguridad o de otros acuerdos semejantes a fin de establecer las facultades adecuadas para investigar denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos, incluida la facultad de practicar registros en bases militares si fuera necesario.
Asimismo, solicitan que se establezcan o mantengan instituciones nacionales eficaces e independientes que tengan derecho de acceso inmediato a todos los lugares donde haya o pueda haber personas privadas de libertad.
Según las asociaciones firmantes, se debe "aplicar efectivamente" el derecho penal contra la actividad ilegal de agentes de información nacionales y extranjeros que actúen en el territorio del Estado, así como "llevar ante los tribunales a esos agentes cuando hayan participado en actividades delictivas, como son las detenciones ilegales o los crímenes de tortura y desaparición forzada".
REPARACIÓN EFECTIVA Y ADECUADA
Otro de los doce puntos es que se garantice que todas las víctimas de entrega extraordinaria y detención secreta tienen derecho a un recurso efectivo y obtienen en breve una reparación efectiva y adecuada, que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Asimismo, se debe insistir en que todo avión o helicóptero utilizado por organismos militares, de aplicación de la ley o de inteligencia extranjeros sea identificado como aeronave estatal, aún cuando la aeronave en cuestión haya sido fletada a una empresa privada.
También se debería "exigir que los operadores de aviones en vuelos no programados que van a tomar tierra o solicitan permiso de aterrizaje en el territorio del Estado indiquen si alguno de los pasajeros a bordo está privado de libertad y que faciliten información sobre su situación y destino y la base legal de su traslado", prosigue la declaración.
El décimo "paso positivo" consiste en garantizar, "si fuera necesario imponiendo condiciones para la concesión del permiso de aterrizaje", que cuando un avión aterrice en el Estado en un vuelo no programado y se esté utilizando para transportar a personas detenidas, o existan sospechas de ello, los agentes encargados de hacer cumplir la ley puedan subir a bordo para realizar una inspección.
Por último, las organizaciones piden que se den instrucciones a todos los funcionarios del Estado para que colaboren plenamente en cualquier otra investigación que lleve a cabo el Consejo de Europa y en la propia investigación que lleva a cabo el Parlamento Europeo sobre el transporte y la detención ilegal de personas detenidas, "lo que implica poner a su disposición todo el personal competente y proporcionarles todos los documentos pertinentes a estas investigaciones".
