El Ejército obliga a alistarse a personas sin experiencia en combate mientras las autoridades niegan todo conocimiento de la situación
NAIROBI, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno etíope, uno de los principales aliados de Estados Unidos en África, está obligando a la población civil --entre la que se incluyen médicos, maestros u oficinistas e incluso miembros de ONG-- a luchar contra los rebeldes en la desolada región de Ogaden, como parte de milicias civiles conocidas por el nombre de "comités de seguridad", que también incluyen a mujeres y ancianos, según han denunciado varias organizaciones humanitarias, diplomáticos occidentales y asociaciones civiles del país africano.
La escasez de efectivos militares etíopes --desplegados muchos de ellos en Mogadiscio, donde colaboran con las fuerzas somalíes para expulsar a la insurgencia islamista-- ha obligado al Gobierno africano a recurrir a civiles para contener a las facciones rebeldes en la desolada región, aprovechando la estructura de clanes para organizar mejor los efectivos, que por otro lado carecen de experiencia en combate, lo que les convierte en blancos fáciles para los rebeldes. Su falta de preparación es la principal causa de las "cuantiosas" bajas experimentadas en los primeros combates contra los rebeldes, de acuerdo con las cifras que manejan las organizaciones humanitarias que se encuentran en Etiopía. "Simplemente, desconocen el terreno", declara Daous, uno de los miembros del grupo rebelde del Frente de Liberación de Ogaden (FLO).
A pesar de que el Gobierno de Addis Abeba insiste en que no existe este "alistamiento forzoso", testigos presenciales han denunciado que los soldados etíopes suelen efectuar redadas en los hospitales de la zona, y amenazan con encarcelar a muchos enfermeros y celadores para que se sumen a las filas de estos "comités", de acuerdo con un miembro de una organización humanitaria en declaraciones anónimas al diario estadounidense 'The New York Times'.
Los funcionarios son los primeros en ingresar en estas milicias civiles. Además del reclutamiento en hospitales, el Ejército etíope distribuye regularmente listas con los nombres de aquellos que están obligados a servir con las fuerzas de seguridad. Así, los nuevos reclutas sirven como porteadores, guías, traductores o, simplemente como soldados de a pie.
La única salida reside en abandonar el país, como le ha sucedido a Hasán Abdi Hees, antiguo director de contabilidad en Ogaden, ahora exiliado en Kenia. "Me fui de Etiopía porque no quería morir", reconoció Abdi Hees, que insistió en que "cualquiera que trabaje para el Gobierno está obligado a unirse a una milicia".
CATÁSTROFE HUMANITARIA
La estrategia que lleva a cabo el Gobierno etíope ha despertado una enorme preocupación en la comunicad internacional. Parte de la estrategia militar en Ogaden consiste en cortar todas las vías de suministro de alimentos, sumergiendo a la región en la hambruna por la falta de bienes de primera necesidad que suministran las ONG, a lo que hay que añadir la amenaza de una incipiente crisis económica, al interrumpir las rutas comerciales.
A pesar de que el Gobierno ha relajado estas restricciones, la ONG británica Save the Children ha denunciado que el índice de malnutrición infantil en algunas zonas de la región es mayor que en lugares considerados "críticos" desde un punto de vista humanitario, como Darfur (Sudán) o la propia Somalia.
El pasado mes de noviembre, la máxima autoridad humanitaria de Naciones Unidas, el subsecretario general John Holmes, no terminó de declarar una situación de crisis humanitaria en la zona, pero sí reconoció tener constancia de la creación de estos comités, que dificultan hasta grado extremo la llegada de alimentos. Este año sólo han llegado 19.475 toneladas de alimentos, casi una décima parte de las 155.000 recibidas el año pasado.
Según Holmes, "no es que se trate de una catástrofe, por el momento, pero estamos muy preocupados por lo que sucede en Ogaden, que podría convertirse en una futura crisis humanitaria".
Es más, varios miembros de organizaciones humanitarias locales han denunciado que los soldados etíopes obligan a algunos de sus miembros a abandonar su trabajo y a incorporarse a las filas milicianas. No sólo se interrumpe constantemente la labor de los programas de Naciones Unidas en la zona, sino que muchos de los antiguos voluntarios de estas asociaciones acaban muertos en enfrentamientos con los rebeldes mientras patrullan con el resto de soldados.
"Es como Darfur, pero en pequeño", afirmó el director agregado para Naciones Unidas de la ONG pro Derechos Humanos, Human Rights Watch, Steve Crawshaw, en referencia a los numerosos casos de abuso de autoridad perpetrados por el Ejército etíope sobre la población de Ogaden. Las mujeres son violadas por grupos de soldados, que después proceden a quemar el pueblo, y a ejecutar indiscriminadamente a algunos de sus residentes en lo que se conoce como "asesinatos de prueba".
El ahora desertor etíope, Ahmed Mohammed, declaró al diario estadounidense que vio a su comandante degollar a un conductor que atravesó sin permiso un puesto de control en la frontera con Eritrea. "Simplemente, dejó el cuerpo ahí", afirmó Mohammed, ahora exiliado también en Kenia.
ETIOPÍA NIEGA TODO CONOCIMIENTO
El Gobierno etíope ha responsabilizado a su vecino de Eritrea de apoyar a los insurgentes en Somalia y en Ogaden. Naciones Unidas ha confirmado que el pequeño país africano ha servido de punto de partida para el contrabando de toneladas de material armamentístico, lo que ha llevado a Addis Abeba a reforzar el contingente militar en la frontera. A tal efecto, el Gobierno recibe anualmente 500 millones de dólares procedentes de la administración estadounidense, así como información de inteligencia empleada para luchar contra la insurgencia islamista en la capital de Somalia, Mogadiscio.
No obstante las autoridades han negado la existencia de una crisis humanitaria en el país. En general, se han limitado a considerar estas críticas como "exageraciones de la prensa y de las organizaciones humanitarias", según el portavoz del Gobierno, Nur Abdi Mohammed, añadiendo que "ni hay problemas de malnutrición, ni se tiene constancia de la interrupción de ayuda humanitaria".
El Gobierno sólo ha admitido que los residentes locales "se están organizando para luchar contra los rebeldes del FLO", negando que el Ejército esté obligando a los pobladores a alistarse. "Simplemente, están protegiendo lo que es suyo", comentó Abdi Mohammed.
