Los ex presidentes Aquino y Ramos critican la decisión de Arroyo, que no consideran justificada
MANILA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El segundo día tras la proclamación del estado de emergencia por la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, estuvo marcado por la detención de al menos tres de sus enemigos políticos, entre ellos un diputado de izquierda, y por el registro policial de un diario crítico con la presidenta. Entretanto, las críticas hacia Arroyo por la declaración del estado de emergencia van en aumento, con los ex presidentes Corazón Aquino y Fidel Ramos a la cabeza.
Ambos ex presidentes asistieron hoy a una misa en la que también estuvieron presentes otros líderes de la oposición con motivo del 20 aniversario de la revuelta popular que derrocó al dictador Ferdinand Marcos. Aquino, que ya había pedido anteriormente a Arroyo que hicera el "sacrificio supremo" de dimitir, instó a los filipinos a que se mantengan vigilantes para preservar al país de las fuerzas que quieren "arrebatarnos la democracia". "Recordemos lo duro que trabajamos para restaurar nuestra democracia" en 1986, subrayó.
Por su parte, Ramos, quien hasta ahora había apoyado a la presidenta, afirmó hoy que su decisión de ayer, tras el anuncio por parte del Ejército de que se había desbaratado un golpe de Estado, no sólo le ha "sorprendido" sino que le dejó "horrorizado y consternado".
En este sentido, acusó a Arroyo de "matar el espíritu" de la revuelta popular que acabó con Marcos, ya que, en su opinión, la declaración del estado de emergencia no estaba justificada puesto que no había ningún intento de golpe de estado, al tiempo que advirtió de que esta situación podría perjudicar a la economía del país. "Mientras esté el estado de emergencia, este lugar (Filipinas) será evitado por nuestros amigos extranjeros", afirmó.
Según Ramos, uno de los elementos clave en la caída de Marcos, "si hay un complot de conspiración, entonces debe realizarse una investigación de forma inmediata para determinar si se ha cometido un delito". No obstante, Ramos no ha pedido al dimisión de Arroyo como sí que hizo ayer la también ex presidenta Corazón Aquino, que encabezó las protestas de ayer contra la presidenta a pesar del estado de emergencia.
Desde Malacañan, sede de la presidencia, el secretario de gabinete Ricardo Saludo salió hoy al paso de las críticas contra la presidenta y subrayó que la declaración del estado de emergencia era plenamente constitucional. En este sentido, aseguró que Arroyo dará la bienvenida a cualquier intento de cuestionar la constitucionalidad de esta proclamación ante el Tribunal Supremo.
Según Saludo, la proclamación, antes de producirse ayer, fue redactada y revisada por expertos legales, incluido el equipo legal presidencial, y precisó que esta se basa en lo estipulado por la constitución de 1987 del país y por la amenaza real de que grupos armados puedan tomar el poder y derrocar a la presidenta.
La decisión se tomó, recordó Saludo, después de que el propio jefe del Estado Mayor filipino, general Generoso Senga, verificara la amenaza tras ser invitado él mismo a retirar su apoyo a la actual administración. De acuerdo con el secretario de gabinete, la presidenta podría anular la declaración en base a una recomendación en este sentido por parte del Ejército y el consejero de seguridad nacional.
DETENCIONES
Por otra parte, el diputado del partido Anakpawis, Crispin Beltrán, fue detenido esta mañana en su casa a las afueras de Manila. Según indicó a la prensa su mujer, su arresto está relacionado con una orden de arresto de 1985. De acuerdo con las autoridades, Beltrán ha sido acusado de incitar a la rebelión en esa época. Su abogado, Romeo Capulong, dijo que se trata de "una detención ilegal", ya que tras el 'golpe popular' de 1986 el Gobierno suprimió todos los casos políticos anteriores, por lo que consideró que "claramente se trata de un acto de acoso político".
Asimismo, también se detuvo hoy al general retirado Ramón Montaño, quien fue director de la Policía de Manila a finales de los 80 y que respaldó públicamente ayer la salida de Arroyo del poder en una entrevista televisada. El general se encontraba jugando al golf cuando fue detenido por agentes vestido de civil. Montaño, que fue consejero de seguridad de Ramos, se había rumoreado que había mantenido encuentros con este y otros ex generales en junio pasado para derrocar a Arroyo.
Por último, también se ha procedido a la detención de otro ex general de la Policía, Rex Piad. Este ex general, al que la Policía ha detenido para su interrogatorio, fue compañero de clase del senador opositor Panfilo Lacson y del senador Gregorio Honasan. Este último fue detenido ayer acusado de cargos de golpe de estado y de rebelión en relación con el golpe de Estado fallido de 2003.
Además, de estos tres arrestos, según algunas fuentes, varios destacados políticos habrían conseguido escapar a su detención por las fuerzas de seguridad. Según el diputado de Akbayan, Mario Aguja, él y otros miembros de la minoría en el Parlamento han sabido que hay una lista de 16 diputados a los que se pretende arrestar. "Estamos muy preocupados porque si pueden hacer eso a miembros del Congreso, ¿qué pueden hacer a nuestros miembros (de partido) o a los civiles?", se preguntó.
REGISTRO DE UN DIARIO
Asimismo, la Policía filipina llevó a cabo esta madrugada el registro del diario 'Tribune', crítico de la presidenta filipina y confiscó varias copias de la edición de este sábado. Agentes del Grupo de Investigación Criminal y Detección de la Policía entraron en la oficina editorial del diario de Manila a las 0:30 horas.
Alrededor de quince policías irrumpieron en la oficina y se llevaron varios ejemplares de la edición de este sábado y varias copias de fotos antes de salir de allí. A continuación, algunos agentes se quedaron en la entrada de la oficina para proteger el lugar y garantizar que no se tocaba nada de lo que había en su interior.
La editora del 'Tribune', Ninez Cacho-Olivarez, anunció que presentará una demanda en el Tribunal Supremo por la operación policial. Asimismo, prometió que resistirá el intento por parte del Gobierno de "tomar el periódico", en declaraciones a 'abs-cbnNEWS.com'. La editora dijo que ha consultado a sus abogados y se está analizando los pasos legales a seguir. "Si nos cierran, iré al Tribunal Supremo", añadió.
Asimismo, Olivares negó las acusaciones hechas por el director de la Policía filipina, Arturo Lomibao, quien dijo que se había registrado el 'Tribune' porque el diario había publicado informaciones sin fundamento que ayudan a los planificadores del golpe de Estado. El máximo responsable de la Policía sugirió incluso la posibilidad de que el Gobierno pase a controlar el diario.
Por su parte, el secretario de gabinete de Arroyo, Mike Defensor, justificó el registro del diario afirmando que éste estaba relacionado con las personas que están intentando desestabilizar el país y por tanto, la operación tenía como fin proteger al Estado. Según Defensor, el registro debería servir "como señal de alerta" a otros medios para que se contengan de publicar o divulgar informaciones sediciosas o artículos subversivos.
