Trabajadores del transporte, funcionarios, profesores, estudiantes y magistrados se movilizan este mes contra las reformas del Gobierno
PARIS, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Francia se prepara para presenciar a partir de mañana un nuevo y definitivo pulso entre el presidente Nicolas Sarkozy y los sindicatos, que vuelven a movilizar a los trabajadores del transporte y a los del sector de la energía y la electricidad en contra de la reforma de los llamados regímenes especiales de jubilación, con la que el Gobierno pretende elevar a 40 años los años de cotización para estos asalariados.
Además, la educación, las telecomunicaciones y la magistratura también anuncian movilizaciones, a las que hay que sumar una cada vez mayor protesta estudiantil en contra de la reforma universitaria.
Y el desenlace de la huelga en los sectores estratégicos está por ver, porque la mayoría de los sindicatos han hecho esta vez un llamamiento a un paro prorrogable, es decir, que pueda extenderse más allá de las 24 horas.
Ante esta perspectiva que amenaza con volver a paralizar el país como ya ocurrió durante el paro del pasado 18 de octubre, los franceses preparan como pueden su 'plan B' para afrontar una jornada negra y llegar mañana al trabajo. Son pocos los que hacen previsiones para el miércoles.
La prensa dedica hoy páginas especiales a los preparativos de la huelga para informar no sólo de las posturas de unos y de otros sino del calendario detallado de movilizaciones. Así, el pistoletazo de salida lo dará a las 20.00 horas de mañana martes día 13 la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) y el miércoles día 14, a partir de las 14.00 horas, se unirá la Red de Transportes de París (RATP), Gas de France (GDF), Electricidad de France (EDF) y hasta la Opera de París.
En el caso del metro de París, la RATP ya anunció hoy que la previsión es que circule uno de cada diez convoyes en el conjunto de la red. La empresa augura asimismo un tráfico prácticamente nulo en las cercanías y una media del 10% en el caso de los autobuses y del tranvía. En general, se espera un tráfico "fuertemente alterado" que aconseja a los viajeros consultar los servicios de información antes de salir de casa.
Por su parte, los funcionarios han organizado una jornada de acción el 20 de noviembre contra la reducción de efectivos en la función pública y en defensa de sus salarios. Lo mismo que cinco federaciones del sector de la Educación que se unirán a la jornada de protesta ese mismo día para denunciar la política gubernamental que prevé la supresión de 11.200 puestos de trabajo.
En el sector de las telecomunicaciones, cinco federaciones han pedido a sus afiliados de Correos y France Télécom apoyar la huelga del 20 de noviembre en defensa del empleo, el poder adquisitivo, los servicios públicos, las condiciones de trabajo y en contra de las reestructuraciones.
El sindicato de la magistratura y tres sindicatos de los funcionarios de justicia han hecho un llamamiento a la huelga, manifestación incluida por las calles de París, el día 29 de noviembre, en contra de la llamada carta judicial, una reforma que pretende reducir el número de Tribunales en Francia.
La conferencia de los colegios de Abogados, tanto provinciales como los de la periferia parisina, también se han sumado a la protesta y se congregarán ese mismo día frente a la Asamblea nacional.
DUELO
Con este telón de fondo, sindicatos y gobierno parecen dispuestos a enfrentarse en un auténtico duelo. Si la pasada semana era el propio Sarkozy el que aseguraba que las reformas se llevarían "hasta el final", ayer era el primer ministro François Fillon quien garantizaba la "determinación" del Ejecutivo y hoy es el titular de Trabajo, Xavier Bertrand, el que repite la consigna.
En una entrevista concedida al diario 'Le Parisien', Bertrand dice que se tragta de una reforma "razonable". "El Gobierno no desea ni la huelga ni el hundimiento", recalca el ministro, a quien sindicatos y oposición acusan de buscar el enfrentamiento.
"Cada uno está frente a su responsabilidad", añade Bertrand, que la semana pasada rechazó la propuesta de la Confederación General del Trabajo (CGT) para celebrar una reunión tripartita con sindicatos, gobierno y empresas y hoy se muestra dispuesto a recibir a su líder, Bernard Thibault, siempre y cuando no se cuestionen los 40 años de cotización.
El Gobierno no cederá, pues, en lo esencial con el argumento, apoyado por no pocos franceses, de que no es justo que 25 millones de trabajadores coticen 40 años y 500.000 no lo hagan más que 37 años y medio. Ofrece a cambio negociar una puesta en marcha progresiva de la medida, suavizar las condiciones de las pérdidas de remuneración y abrir negociaciones sobre el final de la carrera profesional.
Los afectados por la reforma son 1,6 millones de franceses (500.000 en activo y 1,1 jubilados), básicamente trabajadores del ferrocarril, de la red de transportes de París, Electridad de Francia, Gas de Francia, la Comedia francesa, los pasantes y los notarios.
Los beneficiarios de estos regímenes especiales cotizan 37,5 años para poder jubilarse con el cien por cien y el Gobierno quiere elevar hasta los 40 años el tiempo de cotización, una medida que entraría en vigor a partir del 1 de julio de 2008, de manera progresiva. La nueva ley contempla que el montante de las pensiones sea indexado sobre los precios y no sobre los salarios, como en la función pública en el sector privado.
El Ejecutivo ha convertido la reforma de los regímenes especiales de jubilación en la punta de lanza de su plan reformista, y superar la prueba de fuego es, en el fondo, facilitar la vía al resto de las reformas que, en todo caso, se encuentran también con un buen puñado de contestatarios.
ESTUDIANTES
Entre ellos, la nada desdeñable movilización de los estudiantes universitarios, que rechazan la ley de autonomía universitaria aprobada el pasado mes de agosto por la ministra Valérie Pécresse, un texto que prevé para los centros universitarios una mayor autonomía en la gestión del presupuesto y los recursos humanos y vínculos más estrechos con empresas y fundaciones privadas.
Los estudiantes temen que la ley abra la puerta a una Universidad "a dos velocidades", que sean las empresas privadas quienes las financien, que algunos centros se conviertan en graneros de empleo y el dinero acabe yendo a Universidades "escaparate".
Ayer, la coordinadora nacional contra la ley de autonomía universitaria (Cecau) hizo un llamamiento para bloquear a partir de mañana las estaciones de tren, justo en vísperas de la huelga de trenes. También reclamó una movilización "masiva" y acciones en la entrada de las facultades para exigir la retirada de la ley que "ni es negociable ni enmendable".
El principal sindicato estudiantil, Unef, que participa en la coordinadora nacional pero mantiene posturas más moderadas, es partidario de modificar el texto legislativo más que de exigir su retirada. Mañana, los estudiantes de quince de las 85 universidades que hay en Francia intentarán instalar o prorrogar las barreras que impiden el acceso a las facultades.
