Las organizaciones criminales imponen su ley dentro de las cárceles ante la impotencia de sus guardias
MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las prisiones de Kirguistán se han convertido en un bastión de las organizaciones criminales, que aumentan su influencia en la vida civil y política kirguís, según expone en un informe el International Crisis Group (ICG). El país aún intenta recuperarse del vacío de poder provocado por la revolución de 2005, y las prisiones pueden ser una importante fuente de inestabilidad para el precario Estado de Asia Central.
En total dependen del sistema penitenciario kirguís, conocido por sus siglas en ruso como GUIN, 36 instituciones penales cuyo control ha pasado a manos de organizaciones criminales para quienes los internos constituyen un ejército de reserva que utilizan para presionar políticamente a las autoridades. A menos que el Gobierno y los donantes extranjeros impulsen una drástica reforma de todo el sistema penal, las instituciones policiales, judiciales y fiscales, la situación podría empeorar, según advierten los expertos.
Los guardias de las cárceles asisten impotentes a la imposición por parte de los líderes criminales de un estricto y a veces violento sistema de castas. Los propios reclusos han creado una contabilidad informal, paralela a la gubernamental, que satisface las necesidades de los internos cuando el Estado no puede o no quiere hacerlo. Y al frente de ese sistema estaba hasta 2005 Aziz Batukayev, líder de un imperio criminal construido dentro de las ruinosas paredes de las prisiones.
REVUELTAS DE 2005
Todos los peligros se materializaron a mediados de 2005, cuando una revuelta simultánea tuvo lugar en muchas de las prisiones del país y un miembro del parlamento de Kirguistán, Tynychbek Akmatbayev, fue asesinado durante su visita el campamento de Batukayev. Este incidente provocó una profunda crisis política con grandes manifestaciones propiciadas por Ryspek Akmatbayev, hermano del político asesinado y líder de una organización criminal rival de la de Batukayev. Los manifestantes exigían la dimisión del primer ministro, Feliks Kulov, a quien acusaban de ser el instigador de la muerte de Tynychbek Akmatbayev.
La revuelta de las prisiones terminó tras el asalto del campamento de Batukayev y su arresto, pero éste podría haber mantenido parte de su autoridad mientras otros líderes criminales pugnan por ocupar el vacío de poder provocado por su detención.
SANIDAD Y DERECHOS HUMANOS
A pesar de las tímidas iniciativas del Gobierno, el GUIN continúa padeciendo las consecuencias de un bajo presupuesto, incapaz de realizar las reparaciones necesarias ni de prestar una asistencia sanitaria adecuada a los internos. Los índices de infección por tuberculosis o sida son muy superiores dentro de las cárceles y el acceso a los más rudimentarios cuidados médicos está muy limitado.
El alto riesgo que corren los guardias y su baja retribución propicia que se cubran estos puestos con personal no cualificado. Esta circunstancia, unida a la falta de material no letal adecuado para su trabajo hace que les queden muy pocas opciones para controlar a los presos cuando inician un motín, aparte de las armas de fuego.
El respeto a los Derechos Humanos también ha sido seriamente cuestionado por los expertos del ICG, que denuncian la estricta jerarquía impuesta por los propios reclusos, castigos brutales, violentos interrogatorios policiales y prolongadas detenciones sin juicio. A pesar de la aprobación de una moratoria sobre la pena de muerte en 1998, los tribunales continúan dictando sentencias de pena capital. El importante flujo de condenados, engordado por un código penal excesivamente punitivo, sigue ingresando en unas prisiones ya de por sí abarrotadas e insalubres en las que muchos reclusos mueren cada año, según detalla ICG en su informe.
