La ONG pide acabar con la "impunidad" con la que operan los servicios de Inteligencia, que mantienen a cientos de personas detenidas ilegalmente
TRÍPOLI, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ONG pro Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) indicó hoy que la ampliación de la libertad de expresión y la reforma del código penal que pretenden realizar las autoridades libias suponen "ciertas mejoras" dentro de lo que sigue siendo, de todas maneras "una atmósfera de represión" en el país norteafricano ejemplificada por la "impunidad" con la que operan los servicios de Inteligencia libios, la Agencia de Seguridad Interna (ASI).
"Se están produciendo unas limitadas reformas en Libia, entre ellas la ampliación de la libertad de expresión y la pretendida reforma del código penal, pero las represoras leyes siguen estrangulando, y los abusos cometidos por la ASI continúan siendo la norma", señaló la ONG en su último informe.
La ONG recomienda a Trípoli que "revise su código penal para que todos los libios tengan la libertad de ejercer una discusión pública sin miedo a sanciones criminales" y que "detenga el encarcelamiento de todos aquellos que expresen críticas hacia el Gobierno", declaró la directora para Oriente Próximo de HRW, Sarah Leah Whitson.
Entre las 78 páginas del informe se hace hincapié en la situación de las familias de los fallecidos en la masacre de la prisión de Abú Salim en 1996, gestionada por la ASI y bajo cuyo mando han "desaparecido" más de 30 prisioneros. Otros 500 se encuentran, según aseguraron fuentes oficiales a la ONG, todavía detenido por orden de la ASI a pesar de que ya han cumplido su sentencia o fueron absueltos por un tribunal.
PROPUESTA DE REFORMA
La ONG valora positivamente que el Ministerio de Justicia esté revisando ya el segundo borrador del nuevo Código Penal, que reduce las penas de sus normas más represivas, aunque "sigue criminalizando parte del discurso político". Se mantienen las prohibiciones, por ejemplo, de "insultar a los funcionarios" u "oponerse a los objetivos de la revolución".
Si bien HRW reconoce que existe un mayor grado de libertad entre los periodistas libios, constata que los medios de comunicación "continúan evitando cuestionar directamente el liderazgo del Gobierno", y algunos de ellos son detenidos por sus críticas, como es el caso Jamal el Haji, arrestado el pasado 7 de diciembre tras expresar su condena contra el encarcelamiento prolongado de prisioneros políticos en una entrevista concedida a la BBC.
No obstante, la apertura de dos nuevos periódicos en el país y el desarrollo de Internet "han dado a los periodistas un mayor espacio para escribir abiertamente sobre ciertos temas que antes se consideraban demasiado sensibles".
MASACRE EN ABÚ SALIM
El informe se refiere también a la masacre de 1996 en la cárcel de Abú Salim, cuyas circunstancias siguen, a día de hoy, sin haberse esclarecido del todo. Según testigos, los guardias comenzaron a abrir fuego contra la población carcelaria que estaba disfrutando de un período de recreo en el patio de la cárcel. En total, fallecieron 1.200 de los 1.700 presos que albergaba la instalación penitenciaria. El líder libio, coronel Muamar Gadafi, reconoció por primera vez en 2004 que la masacre había tenido lugar.
HRW señala que Trípoli cada vez es más permisivo con las familias de los fallecidos, quienes regularmente se manifiestan para conseguir información sobre lo sucedido y compensaciones económicas. Las autoridades libias han comenzado a distribuir los correspondientes certificados de defunción y han ofrecido 160.000 dólares para impedir que los afectados eleven su caso ante un tribunal internacional, un dinero que la práctica totalidad de las familias ha rechazado porque lo único que desean, aseguran, es que se esclarezca este episodio.
Con todo, la ONG aprovecha este caso concreto para denunciar la "impunidad" con la que opera la ASI, que todavía ostenta el control absoluto de las dos penitenciarías libias, y que ha ignorado por completo los dictámenes independientes emitidos por los tribunales libios que instan a esta agencia a liberar a todos aquellos que mantiene detenidos "injustamente".
"Los esfuerzos que lleva a cabo el Ministerio de Justicia son un paso importante en la dirección adecuada, pero todos los libios saben que la verdadera reforma en el país no será posible mientras la ASI siga operando por encima de la ley", remarcó Whitson.
HRW pide al Gobierno que aclare qué ha sucedido con 30 activistas "desaparecidos", algunos de ellos desde hace más de tres décadas --caso del clérigo Musa al Sadr--. La mayoría de ellos eran activistas de oposición. El Gobierno se reserva el derecho a informar sobre el estado de los prisioneros detenidos bajo la Ley 71, que prohíbe formar parte de organizaciones políticas. Las elecciones en Libia se realizan de manera indirecta a través de una jerarquía de "comités populares".
