La lucha contra la corrupción y el establecimiento de un Estado de derecho, algunas de las tareas que deben emprender las autoridades
MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los responsables del golpe de Estado que el pasado año derrocó al antiguo régimen mauritanio han dado muestras de que marchan por buen camino hacia la transición democrática, aunque deben aplicar algunas medidas esenciales, tales como la lucha contra la corrupción y el favoritismo político, para llegar a su fin, según un informe de International Crisis Group.
El 3 de agosto del pasado año, un Consejo Militar para la Justicia y la Democracia, dirigido por el director general de la Seguridad Nacional, Ely Ould Mohamed Vall, y el comandante del Batallón de la Seguridad Presidencial, Mohamed Ould Abdel Aziz, expulsó del poder al entonces jefe de Estado, Sidy Mohamed Ould Sdhamed Taya.
El golpe de Estado, que respondía a la impopularidad y falta de legitimidad del anterior dirigente, mostró una voluntad de romper con algunas costumbres del pasada, aunque, asegura ICG, "reflejando una continuidad significativa en términos de métodos y de personalidades".
"Los nuevos dirigentes deberán demostrar que los cambios superan el status quo y que respetan el Estado de Derecho", asegura el grupo de estudios internacional en su reciente informe, 'La transición política en Mauritania: balance y perspectivas'.
Asimismo, el hecho de que los nuevos dirigentes, algunos de los cuales están muy relacionados con el régimen que derrocaron hace ocho meses, prefieren no acordarse de las injusticias del pasado, lo que podría reavivar las tensiones políticas de entonces.
"No se pueden tomar reformas serias y controvertidas en un plazo corto de tiempo. Sin embargo, el Gobierno debería al menos trabajar en estrecha colaboración con las otras fuerzas políticas del país para la puesta en marcha de las primeras medidas", aseguró el director del programa de Oriente Medio/Africa del Norte del Crisis Group, Robert Malley. "Se trata antes de todo de evitar el favoritismo tribal dado que los dos principales jefes son muy próximos a uno de los grupos oligárquicos", agregó.
APOYO INTERNACIONAL
Por otra parte, la comunidad internacional también tiene que apoyar a las autoridades mauritanas en su camino hacia la democracia. Así, según ICG, los socios internacionales del país africano deberían apoyar los esfuerzos de estabilización manteniendo la ayuda económica y la cooperación, además de incitar al nuevo Gobierno a cumplir su promesa de transición hacia instituciones civiles y legítimas.
El nuevo Consejo militar prometió organizar, en un plazo razonable, la vuelta a dichas instituciones legítimas. Así, está previsto que tenga lugar un reférendum constitucional el 26 de junio de este año, elecciones municipales y legislativas el 19 de noviembre, y elecciones al Senado y presidenciales para el 11 de marzo de 2007.
Según el informe, este calendario electoral no es ni demasiado corto, lo que impediría organizarse a los partidos políticos, ni demasiado largo. Además, las autoridades se entrevistan regularmente con los partidos políticos y han puesto en marcha una comisión electoral cuya independencia ha sido discutida. Todo esto muestra, explica ICG, que durante los primeros meses de este nuevo poder, "la evolución ha sido favorable".
RETOS PENDIENTES
No obstante, insisten en la necesidad de emprender algunas medidas esenciales para continuar por el buen camino, tales como el establecimiento de un marco de concertación regular entre el poder y los partidos políticos para evitar la toma de decisiones unilaterales, hasta que nazca el Parlamento.
Además, considera el 'think tank' internacional, las autoridades tendrán que luchar contra "la corrupción endémica y la extrema concentración de riqueza entre algunos grupos oligárquicos, cuyas relaciones son a la vez económicas, políticas y de seguridad".
En este sentido, ICG reconoce que el régimen mauritano ya ha tomado algunas medidas contra la corrupción --la creación de la Inspección General del Estado, ratificaciones de convenciones internacionales o la puesta en marcha de una investigación sobre el ex ministro de Petróleo--, pero sostiene que deberán cuestionar el monopolio de importación y distribución de algunos productos por grupos privados, hacer respetar la ley en las atribuciones del mercado público y luchar más sistemáticamente contra el tráfico ilegal, especialmente de tabaco, en el norte del país. De manera general, se trata de establecer un Estado de Derecho.
Además, aunque el Gobierno no posee ni la legitimidad ni la autoridad necesarias para investigar o juzgar las exacciones del antiguo régimen, deberá hacer todo lo posible para relajar las tensiones técnicas. El discurso a veces ambiguo de los nuevos dirigentes de cara a la expulsión de cerca de 100.000 negro-africanos hacia Senegal y Maili entre 1989 y 1991 recuerda con demasiada frecuencia al discurso del periodo Taya. Algunas comunidades afectadas por estos incidentes esperan todavía el reconocimiento de sus perjuicios y sufrimientos.
"Un golpe de Estado es un inquietante precedente en una región que ha conocido demasiados golpes de Estado", aseguró el director de proyectos para Africa del Norte del Crisis Group, Hugh Roberts. "El establecimiento de la democracia y del Estado de Derecho en un plazo razonable es del interés de todos", añadió.
CLUB DE MADRID
Mientras, el Club de Madrid publicó esta semana un informe sobre Mauritania en el que también reconoció los avances del régimen presidido por Mohamed Vall, especialmente en el terreno de las libertades de prensa y de expresión, en sus esfuerzos "por dotar de transparencia al proceso democrático iniciado en agosto de 2005", y por las medidas aprobadas "para garantizar la adecuada marcha del proceso".
No obstante, el informe constata la fragilidad del proceso de democratización por la falta de tradición democrática en el país y la presencia de fuerzas del antiguo régimen contrarias al proceso, así como la apatía de los ciudadanos respecto a los cambios políticos, debido a que su escaso reflejo en la vida cotidiana.
La declaración del Club de Madrid se basa en la misión de evaluación realizada por la organización el pasado mes de marzo en el país. Esta delegación, realizada a petición del Gobierno mauritano y con el apoyo del español, estuvo presidida por la ex primera ministra del Canadá y secretaria general de la organización, Kim Campbell, y el ex presidente de la República de Mauricio Cassam Uteem.
