Los responsables humanitarios deben combatir nuevos modelos de corrupción, desde el abuso de poder hasta la explotación sexual
MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un informe divulgado este viernes estima que, a pesar de los cada vez más fructíferos esfuerzos de las ONG en la lucha contra la corrupción dentro de sus propias estructuras, todavía quedan "vacíos" que deben ser abordados en este sentido, donde se solicita la creación de programas específicos para proteger a los que deciden testificar prácticas ilegales dentro de estas organizaciones, así como ampliar el concepto mismo de "corrupción", que muchos empleados limitan simplemente al aspecto financiero pero que, en realidad, abarca también el abuso de poder, que podría reducirse con el aumento de la transparencia y mejorando la cooperación entre las agencias a la hora de atajar este problema.
El documento, desarrollado por el Centro Internacional Feinstein en colaboración en el Humanitarian Policy Group con sede en Londres, y no está destinado según sus creadores a "comprobar el grado de corrupción en las ONG" sino a "documentar la percepción de la corrupción en las operaciones humanitarias", ya que se percibe "escaso conocimiento sobre la extensión o las consecuencias de la corrupción, se comparten pocas ideas a la hora de evitar las prácticas ilegales, y hay cierto grado de tabú a la hora de enfrentarse a estos problemas en público".
Para la redacción de este informe se ha contado con la ayuda de siete ONG, cuyo nombre no puede ser revelado. Por ello, detallan los encargados del texto, "existen vacíos de contexto: no porque el estudio haya revelado nuevos casos de corrupción --ni lo ha hecho, ni se pretendía-- sino para respetar la confidencialidad que se requiere para emprender una conversación honesta con los miembros de las agencias a la hora de abordar el problema de la corrupción, y cómo resolverla".
MÁS QUE UNA CUESTIÓN FINANCIERA
El informe subraya que la acción humanitaria es particularmente sensible a los problemas de la corrupción, dada su "naturaleza única", así como el "contexto en el que se desarrolla": uno en el que "las infraestructuras físicas, administrativas, legales, financieras y de servicios se encuentran sustancialmente dañadas o completamente destruidas" en los países donde actúan estas organizaciones.
"En muchos casos", señala el informe, "los supervisores de las ONG se reciclan con demasiada rapidez, por lo que existe muy poco conocimiento acumulado de la situación". Por ello "muy pocos supervisores son capaces de recabar la información suficiente" sobre la estructura de la organización y actuar de forma más eficaz contra la corrupción.
El informe añade además que, en contra de la definición general, las prácticas de corrupción abarcan mucho más que la mera apropiación ilegal de unos fondos, sino que comprenden muchas formas de abuso de poder --incluyendo la intimidación o el nepotismo, por poner dos ejemplos--.
En este sentido, se pretende que publicar un libro "de estilo" sobre la práctica correcta de la labor humanitaria. Este texto sería publicado en 2009 y contendría prácticamente todos los puntos establecidos en el informe de esta semana: recomendaciones a la hora de terminar con corrupción dentro de las ONG.
RECOMENDACIONES
El informe final comienza solicitando que se haga un esfuerzo para reducir el "tabú" presente en las discusiones sobre prácticas ilícitas dentro de las organizaciones humanitarias. Es necesario "promover la transparencia" a la hora de informar sobre la corrupción, estableciendo incentivos y mecanismos que faciliten la denuncia de estos delitos.
Se incide especialmente en el hecho de "comunicar" a los miembros de la ONG que la lucha contra la corrupción debe ser parte integrante de la labor de los responsables de la organización. Más aún, se debe incidir especialmente en el hecho de que existe "una corrupción no financiera", que incluye no sólo las factores antes mencionados, sino la explotación sexual, el abuso de poder, la intimidación de los agentes humanitarios para obtener ganancias políticas, así como la manipulación de información para favorecer a determinados grupos.
Además, es necesario "diseminar con efectividad" aquellas políticas o procedimientos que mitiguen la corrupción directa o indirectamente. Entre ellas destacan, por ejemplo, mecanismos de protección para los "informadores" que decidan denunciar prácticas ilegales dentro de su organización.
De momento, es imprescindible conceder "una atención especial" los sistemas financieros, administrativos, de adquisición y recursos humanos, desde el mismo momento en el que la ONG intervenga en una operación de "respuesta de emergencia": todos los voluntarios que la ONG recabe en el país deberán ser informados de avisar a cualquier responsable en el momento en el que sea testigo de prácticas fraudulentas.
Para concluir, el informe anima a fomentar la coordinación entre agencias, tanto a nivel nacional como internacional, con objeto de compartir información y emprender una acción conjunta para combatir "la corrupción que pueda emanar del entorno externo", y atender a cualquier tipo de evaluación externa independiente, incluso procedente de otras ONG.
