El Gobierno de Sudán no reconocerá la decisión del fiscal, que ha pedido una orden de arresto contra el mandatario
LA HAYA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, solicitó hoy una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Hassan al Bashir, tras presentar "pruebas razonables" que permitirían procesar al mandatario por los cargos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad en la región de Darfur. El Gobierno sudanés ya ha anunciado que no reconocerá ninguna orden de arresto.
Tres años después de que el Consejo de Seguridad de la ONU solicitase al fiscal la apertura de una investigación sobre Darfur, y a partir de las pruebas recogidas desde entonces, el fiscal ha concluido que hay "pruebas razonables" para creer que Al Bashir "debe responder penalmente de diez cargos de acusación por genocidio, crimen contra la Humanidad y crimen de guerra", se lee en el comunicado emitido hoy por el TPI.
Según datos de Naciones Unidas, se estima que en Darfur han muerto alrededor de 300.000 personas desde principios de 2003, tanto directamente a causa de los combates como debido a enfermedades o malnutrición derivadas de la guerra que enfrenta desde entonces a las fuerzas del Gobierno y a sus aliados árabes 'yanyawid' con varios grupos rebeldes locales.
Las pruebas presentadas por la acusación demuestran, según el comunicado, que Al Bashir "elaboró y ejecutó un plan destinado a destruir a una gran parte de los grupos fur, masalit y zaghawa debido a su pertenencia étnica". Varios miembros de estos tres grupos, históricamente muy influyentes en Darfur, se levantaron en armas para luchar contra la marginación de su provincia.
"Al Bashir no consiguió vencer a los movimientos armados y por ello la tomó con la población", afirmó el Tribunal. "Sus motivos eran, ante todo, políticos", aseguró Moreno Ocampo. "El pretexto era 'la lucha contra la insurrección', pero, de hecho, el objetivo era el genocidio", añadió. "No me permito el lujo de mirar hacia otro lado, tengo pruebas", aseveró Moreno Ocampo.
"Al Bashir es el presidente, y es el comandante en jefe. No son palabras vacías de contenido. Se sirvió del aparato del Estado en su conjunto, utilizó el Ejército, reclutó a las milicias 'yanyawid'", afirmó Moreno Ocampo. "Todos fueron puestos bajo su autoridad, todos le obedecían, mantuvo un control absoluto", añadió.
La Sala Preliminar número uno del TPI debe analizar las pruebas presentadas por el fiscal y si los jueces estiman que hay motivos razonables para creer que la persona citada ha cometido los crímenes que se le imputan, decidirán la forma más adecuada para garantizar su comparecencia ante el Tribunal. Además de solicitar la orden de arresto, el fiscal solicitó que se incaute de las propiedades del presidente sudanés y congele sus bienes.
HOMICIDIOS, TRASLADOS FORZOSOS, TORTURAS Y VIOLACIONES
En su acta de acusación, Moreno Ocampo asegura que "fuerzas y agentes" bajo el control del presidente sudanés dieron muerte a al menos 35.000 civiles y causaron la "muerte lenta" de entre 80.000 y 265.000 personas, que se vieron desplazadas de sus hogares debido a los combates. También acusa a Al Bashir de crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra, incluidos homicidio, exterminio, traslado forzoso de 2,9 millones de civiles, tortura y violación.
"Durante cinco años, las fuerzas armadas y las milicias 'yanyawid' a las órdenes de Al Bashir atacaron y destruyeron las aldeas" y "persiguieron a los supervivientes en el desierto", denunció el fiscal. Asimismo, a lo largo de estos cinco años, aseguró, "millones de civiles han sido desarraigados de tierras que su gente ocupaba desde hacía siglos". Los civiles de Darfur "fueron testigos de la destrucción de todos sus medios de subsistencia, del expolio de su tierra y de su ocupación por nuevos habitantes", denunció la acusación.
Según la fiscalía, la intención de Al Bashir de cometer un genocidio queda de manifiesto en los "ataques bien coordinados" lanzados contra la población desplazada por el conflicto. "En vez de ayudar a la población de Darfur, movilizó al conjunto del aparato del Estado, incluidas las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, la diplomacia, los servicios públicos de información y el poder judicial, para someter intencionadamente a las 2.450.000 personas que vivían en los campamentos para desplazados a unas condiciones de vida que únicamente podían entrañar su destrucción física", aseguró.
"En los campamentos", aseguró Moreno Ocampo, "las fuerzas de Al Bashir mataban a los hombres y violaban a las mujeres". "Al Bashir se las arregló para que los supervivientes vivieran en condiciones de miseria, de inseguridad y de amenazas. No tenía necesidad de cartuchos, se sirvió de otras armas, como la violación, el hambre y el miedo. Todo tan eficaz como silencioso", declaró el fiscal jefe.
El comunicado cita unas declaraciones de una mujer víctima de los atropellos denunciados por el fiscal: "Cada vez que les veíamos salíamos corriendo. Algunas de nosotras logramos huir, otras fueron capturadas y arrastradas para ser violadas por varios hombres, puede que veinte hombres para violar a una sola mujer", explicó. "Estas cosas formaban parte de nuestra vida cotidiana, en Darfur se producen en todo momento", prosiguió. "Poco les importa delante de quién cometen las violaciones, les da igual. Violan a las jóvenes delante de su padre y de su madre", denunció.
"Durante cinco años, Al Bashir ha negado estos crímenes", denunció la acusación. "Ha afirmado que no hay violaciones en Sudán, que todo eso es una fabulación", prosiguió. Mediante esta estrategia de ocultar los crímenes, "enmascarados como 'estrategia de lucha contra la insurrección', 'enfrentamientos entre tribus' o 'acciones cometidas por milicias autónomas criminales', Al Bashir ha permitido que se cometan otros crímenes", denunció Moreno Ocampo.
REACCIONES
Como era de esperar, el Gobierno sudanés no ha reconocido la acusación contra Al Bashir y ha asegurado que seguirá adelante con el proceso de paz para Darfur y que protegerá al personal de Naciones Unidas desplegado en la región. El Gobierno está manteniendo conversaciones informales con China y Rusia para presentar una resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el objetivo de retrasar en doce meses la orden de arresto contra el presidente.
Menos previsible era la reacción de los partidos de la oposición de Sudán, que el año pasado apoyaron la actuación del TPI contra un antiguo ministro de Asuntos Humanitarios y contra un líder de los 'yanyawid' por crímenes de guerra y que en esta ocasión han advertido de que la orden de detención contra Al Bashir, a pocos meses de que se celebren las primeras elecciones libres de los últimos 23 años, podría afectar al proceso de paz.
La reacción de la comunidad internacional se ha caracterizado por la ambigüedad propia de este tipo de casos. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, afirmó que el TPI "es una institución independiente" a la que hay que "respetar" y expresó su confianza en que Sudán "siga cooperando completamente" con la ONU.
La Unión Europea se ha limitado a "tomar nota de las declaraciones del fiscal" y Estados Unidos ha reforzado la seguridad en la Embajada en Jartum y en la oficina de Juba, capital de Sur de Sudán, por temor a represalias. Mucho más claro ha sido el Gobierno de Tanzania, país que ejerce la presidencia de turno de la Unión Africana, que ha pedido al TPI que no aplique la orden de detención. "Si se detiene a Al Bashir, se creará un vacío de poder en Sudán y el resultado será otro Irak", advirtió.
En un sentido muy diferente, Amnistía Internacional afirmó que la actuación del fiscal supone un "paso importante" en favor de la "rendición de cuentas" por los abusos perpetrados en Darfur.
