Señala la "desigualdad" de los gitanos en la sanidad, el empleo y la vivienda
BRUSELAS, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Unión Europea recomienda a España que tome medidas para apoyar la integración de los inmigrantes y que aborde la "tasa alarmante" de abandono escolar prematuro para evitar cualquier riesgo de exclusión social.
En el informe anual sobre protección social, debatido hoy por los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de los Veinticinco, se pide además al Gobierno que aumente la participación de las mujeres en el mercado laboral y que lleve a cabo reformas para hacer frente al envejecimiento de la población.
"Los inmigrantes encuentran problemas para integrarse adecuadamente en el sistema escolar, y soportan condiciones de vivienda malas", señala el informe, elaborado conjuntamente por la Comisión y los Estados miembros.
Pese a estas críticas, se valora positivamente el proceso de regularización del año pasado porque "ha ayudado a reducir el trabajo no declarado y a aumentar la protección social de los trabajadores inmigrantes".
GITANOS
La UE advierte de que "los gitanos, a pesar de la mejora general en sus condiciones de vida, están aún en una situación de clara desigualdad frente al resto de la población, especialmente en los sectores de la sanidad, el empleo y la vivienda, y con respecto a la renta familiar".
El texto subraya que, pese al crecimiento económico experimentado por España en los años 2003 y 2004, el 20% de la población estaba por debajo del umbral del riesgo de pobreza (frente al 16% en la UE) y "este riesgo afectaba especialmente a las personas mayores". "España continúa teniendo uno de los niveles de gasto social más bajos de la UE en porcentaje del PIB (un 19,7%, frente al 28% en la UE)", destaca del texto. También el gasto sanitario total en porcentaje del PIB (7,6%).
También se apunta al aumento de la tasa de empleo, más de 10 puntos porcentuales desde 1996, como consecuencia fundamentalmente del número de trabajadores extranjeros y del aumento de empleo femenino. No obstante, continua siendo inferior a la media de la UE, y el empleo de duración determinada (un 33,3% en el segundo trimestre de 2005) es el más alto de la UE y afecta sobre todo a las mujeres y a los jóvenes.
Esto tiene sus consecuencias sobre la inclusión social, indica el informe, ya que el acceso a la vivienda de los jóvenes es "difícil" y el desempleo entre las mujeres es más alto que entre los hombres y sus salarios más bajos. Entre los grupos vulnerables se señala también a las personas con discapacidad, cuyo índice de desempleo es mucho más alto, "así como las dificultades añadidas a las que deben hacer frente por las barreras físicas existentes".
No obstante, se destacan como positivas las reformas emprendidas por el Gobierno español para aumentar tanto el salario mínimo como las pensiones más bajas, el nuevo plan nacional de la vivienda, las acciones para combatir el abandono escolar prematuro, así como las "medidas innovadoras" previstas en la ley de Dependencia y la ley contra la Violencia de Género.
Por lo que se refiere a las pensiones, se destaca que las reformas recientes, con una mayor proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones y la reforma de las pensiones mínimas, "deberían traducirse en una mejora de la adecuación de las pensiones y en una reducción de las diferencias entre hombres y mujeres en materia de nivel de vida y riesgo de pobreza".
DESAFIOS
Gracias al crecimiento económico y a la disciplina requerida por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, España ha realizado "esfuerzos importantes" para equilibrar las finanzas públicas, y la Seguridad Social experimenta saldos positivos desde 1999. Pese a ello, "España se enfrenta a un desafío importante con respecto a la sostenibilidad financiera por razón de las tendencias demográficas".
Se prevé que casi todo el aumento de los gastos de pensión tendrá lugar después de 2015 y, aunque el fondo de reserva permitiría retrasar los déficits hasta 2020 para asegurar una transición sin problemas, "pronto serán necesarias reformas adicionales para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a largo plazo".
En este sentido, la UE señala que se precisan "nuevos esfuerzos" para aumentar las tasas de participación en el mercado de trabajo, "algo que contribuiría a mantener la sostenibilidad y la adecuación de las prestaciones".
Ello podría conseguirse a través de medidas propuestas por el Gobierno, en particular la vinculación más estrecha entre nivel de cotizaciones y el nivel de prestaciones en el caso de las pensiones contributivas, la promoción de la jubilación flexible y progresiva, y la imposición de más restricciones a los sistemas de jubilación anticipada.
En cuanto a la asistencia sanitaria y prestaciones de dependencia, el informe, que se elaboró antes de la aprobación del proyecto de Ley de Dependencia, la UE señala que se requiere "una mejor coordinación de los servicios sanitarios y sociales de cada comunidad autónoma, así como la participación y la coordinación de las administraciones regionales y locales".
