PEKÍN, 17 Mar. (OTR/PRESS) -
Siguen los enfrentamientos entre las fuerzas chinas y los manifestantes tibetanos, que se han cobrado ya la vida de 80 personas, según el Gobierno de Tibet en el exilio, una decena según datos oficiales. Pekín dio ayer un ultimátum de 48 horas para concluir las protestas con una amnistía o atenerse a "ser castigados cumpliendo con la ley". En este contexto, el Dalai Lama pidió abrir una investigación por los últimos incidentes, calificados de "genocidio cultural", pero rechazó la suspensión de los próximos Juegos Olímpicos de verano como medida de castigo a las autoridades.
El líder espiritual lanzó un llamamiento a la comunidad internacional, en tanto en cuanto tienen "la responsabilidad moral" de recordar a China que como país anfitrión de los Juegos Olímpicos debe cumplir una serie de obligaciones. No obstante, insistió en que el país asiático es merecedor de albergarlos y, por tanto, "no deberían ser anulados. Por su parte, el Comité Olímpico Internacional no habla en ningún caso de suspensión, aunque "comparte el deseo mundial de una resolución pacífica de las tensiones de los últimos días en la región tibetana de China". Esperamos que la calma vuelva a la región tan pronto como sea posible", declaró la portavoz del COI, Giselle Davies.
Para el Dalai Lama, sería conveniente iniciar una investigación sobre la posibilidad de que las últimas protestas en la región de Tibet, que han originado los peores episodios de violencia desde 1989, formen parte de un "genocidio cultural". "La nación tibetana se enfrenta a un serio peligro, y aunque China lo admita o no, tenemos un problema", declaró el Dalai Lama, exiliado en el norte de India. Los disturbios en la capital de Tibet, Lhasa, originados con protestas de monjes a las que se han sumado otros ciudadanos, ha originado duros enfrentamientos entre manifestantes y Fuerzas de Seguridad, de los que ni siquiera se sabe una cifra concreta de víctimas mortales. Y es que mientras los números oficiales hablan de una decena de fallecidos, el portavoz del Gobierno tibetano en el exilio, Thubten Samphel, confirmó que "en lo que se refiere al número de cuerpos, es ochenta". Además, Shampe cifró en alrededor de 72 los heridos.
Las autoridades de Pekín dieron un ultimátum de 48 horas a los manifestantes para que desistan, bajo riesgo de que "los criminales que no se rindan antes de la fecha límite serán castigados cumpliendo con la Ley". En una nota publicada en la página web del Gobierno tibetano, también se incidió en que recibirán castigos quienes apoyen o cobijen a los manifestantes, primando la información con recompensas. Asimismo, el Gobierno instó a los ciudadanos a denunciar "el propósito malintencionado" del Dalai Lama.
PRESIÓN INTERNACIONAL
Desde que comenzaron las protestas, las autoridades tibetanas en el exilio y el Dalai Lama reclamaron a la comunidad internacional recriminar a China la dura represión de las marchas, subrayando en varias ocasiones la cercanía de los Juegos Olímpicos y el compromiso del anfitrión con la seguridad y los Derechos Humanos. A Australia, Estados Unidos o distintos Estados de Europa, se sumó ayer India, rompiendo su tradicional posición de equilibrio respecto a un socio potencial. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de este último país, Navtej Sarna, lamentó la muerte "de gente inocente" y pidió "cambiar las causas que han desencadenado estos problemas al Tibet" a través "del diálogo y la no violencia".
Por su parte, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, repitió la postura de su país para pedir a Pekín "que respete el reconocimiento universal y fundamental del derecho de todos los ciudadanos a expresar sus opiniones políticas y religiosas" y "liberar a los monjes y al resto de detenidos como una expresión solemne de paz y respeto".
Asimismo, Amnistía Internacional instó a las autoridades chinas a permitir una investigación independiente por parte de la ONU sobre los enfrentamientos y reclamó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que preste "atención" a la situación que se vive en esta región controlada por China, "sobre todo tras conocerse el cierre de la región en los últimos días y las restricciones a largo plazo impuestas a los observadores de Derechos Humanos". En un comunicado, la organización exigió a Pekín "liberar a todos los detenidos por expresar pacíficamente sus opiniones y por ejercer sus libertades de expresión, asociación y reunión".
