MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha asegurado este martes que no tiene intención de poner fin a la campaña de guerra contra las drogas que ha acabado con la vida de miles de personas desde el inicio de su mandato, al tiempo que ha advertido de que está dispuesto a afrontar la acción del Tribunal Penal Internacional, incluso aunque le imponga una condena.
"Hasta el último día de mi mandato, la campaña contra la droga continuará. Si me meto en una serie de problemas, que así sea", ha afirmado el mandatario filipino, criticado por las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos por las miles de víctimas mortales que ha dejado su campaña contra el tráfico y el consumo de drogas.
Después de que la semana pasada la Fiscalía del TPI anunciara que abre examen preliminar sobre las acusaciones presentadas contra Duterte por su campaña contra las drogas, el mandatario ha asegurado este martes que no tiene problemas para afrontar la acción de la corte internacional.
"Puedo hacer frente al TPI. Si quieren imputarme o condenarme, está bien. Lo haré por mi país", ha afirmado el mandatario filipinos, en su intervención en un acto de toma de posesión de nuevos altos cargos de su Ejecutivo.
En el acto, el presidente de Filipinas ha asegurado que ha cesado a varios altos cargos del Gobierno por quedarse con "fondos gubernamentales". "Espero no tener que hacerlo otra vez", ha advertido, según informa la cadena de televisión local ABS-CBN.
El mandatario filipino ha dicho también que si consigue para el año 2020 que haya un "sistema federal que funcione" en Filipinas, él presentará su renuncia. "No quiero un cargo de transición. Prefiero acortar mi mandato a ampliarlo", ha indicado. El mandato de Duterte como presidente concluye en 2022.
La semana pasada, Duterte restó la semana pasada importancia al examen del TPI e incluso llegó a retar a la fiscal jefe de la corte, Fatou Bensouda, a dispararle, en lugar de detenerle.
Bensouda anunció el 8 de febrero la apertura de un examen preliminar por las ejecuciones extrajudiciales supuestamente cometidas por las fuerzas de seguridad durante la campaña contra la droga lanzada por Duterte en 2016, ya que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Duterte cuestionó la semana pasada que el TPI tenga jurisdicción sobre Filipinas porque la adhesión al Estatuto de Roma --tratado fundacional de la corte de La Haya--, que se produjo en 2011, no se publicó en la Gaceta Oficial.
