MANILA, 26 Jul. (Reuters/EP) -
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha vetado una ley que tenía como objetivo poner fin a la práctica de las empresas de hacer contratos de corta duración a trabajadores en momentos de altos picos de producción, incumpliendo así una promesa electoral que hizo en la campaña que le llevó a la Presidencia del país en junio de 2016.
La legislación filipina permite a las empresas contratar a trabajadores para cubrir picos de producción con contratos de cinco meses, para evitar así los de seis meses, a cuyo término tienen que dar un contrato fijo con seguridad social y otros beneficios económicos.
"La Ley de Seguridad en Ejercicio ha sido vetada por el presidente", ha explicado el portavoz de la Presidencia filipina, Salvador Panelo, en un mensaje enviado a la prensa, sin llegar a explicar los motivos por los que ha rechazado esa norma, que el propio mandatario consideró urgente en septiembre de 2018.
Sin el veto presidencial, la norma habría entrado en vigor este sábado. Para superar el veto de Duterte, la norma debería ser respaldada por dos tercios de los parlamentarios de las dos cámaras del Congreso.
Los grupos sindicales han advertido de que Duterte se arriesga a perder su capital político por haber rechazado esta norma que favorecía los derechos de los trabajadores.
"Verdaderamente daña porque es una promesa de campaña del presidente", ha dicho a la cadena de televisión ANC Alan Tanjusay, el portavoz del Congreso de Sindicatos Laborales y de Comercio Asociados de Filipinas, la mayor organización sindical del país.
"Él dijo: "Necesito una ley para afrontar la contractualización y ahora que hay una ley, la ha vetado", ha dicho Tanjusay. Las dos cámaras del Congreso aprobaron por amplia mayoría la norma, a pesar de las advertencias de los grupos de la patronal y las cámaras de comercio, que alertaron de que podría causar más daños que beneficios a la economía filipina.
Según la patronal, la norma no solo aumentará los costes laborales al limitar el número de personas que pueden ser contratadas sino que también hará que los inversores extranjeros descarten Filipinas para sus inversiones, en un momento en el que país busca capital extranjero para potenciar el crecimiento económico y crear empleos.
La inversión directa extranjera fue de 9.800 millones de dólares en Filipinas en 2018, perjudicada por el impulso de rivales como Tailandia e Indonesia, y el Gobierno está intentando mejorar estas cifras facilitando los trámites y con reformas en infraestructuras.
"La aprobación de la norma podría tener un impacto negativo en la economía filipina y para los trabajadores a los que la ley busca proteger", aseguró en un comunicado conjunto publicado en julio un grupo integrado por una decena de grupos empresariales, incluidas varias cámaras extranjeras de comercio.
"La ley infringe prerrogativas de gestión amparadas por la Constitución y excluye a los trabajdores de contrato contratados por el Gobierno", concluyó.
