WASHINGTON, 27 Mar. (EP/AP) -
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Tom Casey, atribuyó hoy la baja participación electoral en Egipto, donde el pasado lunes se votó en referéndum la aprobación de 34 enmiendas a la Constitución propuestas por el presidente egipcio, Hosni Mubarak, en contra de la oposición del país, al escaso tiempo concedido a la población para analizar el contenido de las enmiendas impulsadas.
Casey apuntó también a la divergencia de cifras ofrecidas por el Ejecutivo egipcio y por los medios locales y extranjeros respecto a la participación en la votación, que finalmente, según informó el ministro de Justicia, Mamdouh Marei, alcanzó el 27 por ciento de la población total, donde el 75,9% de los votantes dieron el 'sí' a las modificaciones constitucionales.
En términos de reformas políticas en Oriente Próximo, Casey aseguró que Washington desea ver que Egipto desempaña un papel singularmente importante en la materia. "Queremos ver que la población egipcia tiene la oportunidad de alcanzar sus aspiraciones y tener un proceso legal que avance y cumpla los estándares de apertura y transparencia y logre las reformas que ellos mismos se han marcado", incidió el portavoz.
Entre las enmiendas más polémicas se incluyen las que prohíben la creación de partidos políticos de corte religiosa, como el ilegalizado Hermanos Musulmanes, aquella que exige que cualquier candidato a presidente salga de las filas de un partido político reconocido y que tenga el mínimo respaldo parlamentario del 3 por ciento de los escaños.
Otra enmienda muy criticada por la oposición es la que pretende crear una comisión independiente para supervisar las elecciones, porque según la oposición, minará la capacidad de los jueces de vigilar los procesos electorales.
Asimismo, otra de las enmiendas aprobadas hoy permitiría sustituir los poderes de emergencia, en vigor desde el asesinato del presidente Anwar Sadat en 1981 por los cuales la Policía tiene amplios poderes para arrestar a personas, al tiempo que aumenta los poderes presidenciales para remitir "cualquier crimen terrorista a cualquiera de las autoridades judiciales que marca la Constitución o la ley". Según la oposición, esta enmienda supondría en la práctica conceder al presidente la capacidad para someter a personas a juicios castrenses.
