NUEVA YORK, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de Estados Unidos abrió hoy la puerta al procesamiento judicial del ex fiscal general John Ashcroft por su política de arrestos contra los llamados "testigos materiales", personas que supuestamente tenían información sobre casos de terrorismo tras los ataques del 11 de Septiembre de 2001.
Un tribunal de apelaciones del estado de Idaho admitió la denuncia de uno de estos detenidos, Abdulá Al Kidd, un ciudadano estadounidense que aseguró haber sufrido sistemáticamente la violación de sus derechos constitucionales por culpa del entonces fiscal, miembro del gabinete del ex presidente George W. Bush, informaron los medios.
Al Kidd denunció que en 2003 permaneció arrestado durante 16 días sin ser acusado de ningún delito y que durante un año estuvo bajo supervisión judicial, mientras las autoridades investigaban un presunto caso de terrorismo. Asimismo, aseguró estos hechos, entre los que se incluyeron interrogatorios sin presentar ninguna prueba ante él, respondieron a la política gubernamental ideada por Ashcroft.
Por su parte, el tribunal definió este tipo de arrestos como "repugnantes para la Constitución" y "un doloroso recordatorio de algunos de los capítulos más ignominiosos" de la historia del país. La sala de apelaciones denunció que el Gobierno recurrió a la detención de ciudadanos estadounidenses, "a veces en condiciones precarias, no porque hubiera prueba de que hubiesen cometido un crimen, sino simplemente porque el Gobierno pretendía investigarles por supuestos crímenes o para evitar que tuvieran contacto con otras personas".
Al Kidd presentó la denuncia en 2005 argumentando que la detención provocó la pérdida de una beca para estudiar en Arabia Saudí, además de causar el fin de su matrimonio. El demandante señaló que la secretaría que dirigía Ashcroft detenía especialmente a personas de origen árabe o musulmanes, como él, sin que existieran pruebas de su implicación en casos criminales.
Ashcroft, una de las piezas fundamentales en la primera administración de Bush (2001-2004), esgrimió su posición en el Departamento de Justicia para declararse inmune a estos cargos, algo que la corte rechazó este viernes. También afirmó que no estuvo involucrado personalmente en la política de detenciones del Departamento.
Mientras, para Lee Gelernt, abogado de Al Kidd, "ningún funcionario, incluyendo el secretario de Justicia de Estados Unidos, puede ser inmune si adopta y aplica una ley inconstitucional". Según el letrado, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el dictamen es "enormemente importante", ya que podría fomentar nuevas investigaciones sobre las más de 60 personas que fueron arrestadas como testigos materiales después del 11-S. "Esperamos que ahora podamos empezar el proceso de poner al descubierto la extensión de esta política ilegal", concluyó.
