MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha exigido este viernes al Gobierno de Nicolás Maduro que le permita visitar al preso estadounidense Joshua Holt, que se encuentra recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Helicoide, donde desde el miércoles hay en marcha un motín.
"Exigimos al Gobierno q nos dé acceso hoy a Joshua Holt y a los otros presos estadounidenses para confirmar su integridad física y que están salvos y sanos", ha dicho la misión diplomática en su cuenta oficial Twitter.
La Embajada ha denunciado que las autoridades venezolanas les han negado el acceso consular "varias veces", "lo cual representa una violación del Convenio de Viena".
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, ha expresado estos días su "gran preocupación por la seguridad de los ciudadanos estadounidenses detenidos en el Helicoide" y ha responsabilizado de cualquier cosa que les pueda pasar al Gobierno venezolano.
MOTÍN EN EL HELICOIDE
La protesta comenzó el miércoles con un motín que los agentes del SEBIN trataron de sofocar dando lugar a un enfrentamiento que aumentó después de que el joven activista Gregory Sanabria, recibiera una paliza. Los presos han denunciado en redes sociales el uso de perdigones, gas pimienta y bombas lacrimógenas contra ellos.
La líder opositora Patricia Gutiérrez, mujer de Daniel Ceballos, uno de los reclusos, anunció el jueves que los presos mantendrían la protesta hasta conseguir "condiciones justas". "Les colocan bolsas en la cabeza, los someten a electricidad, los meten en celdas donde están hacinados", denunció.
Las familias de los presos del Helicoide han reclamado la instalación de una mesa técnica con representación de las autoridades competentes, así como organismos de Derechos Humanos, para resolver la situación del Helicoide. El fiscal general, Tarek William Saab, ha creado una comisión especial para entablar un diálogo con los amotinados.
Fruto de estas negociaciones, 72 reos han sido trasladados a otras cárceles venezolanas después de someterse a una revisión realizada por equipos médicos del Ministerio Público ante la presencia de fiscales expertos en materia de Derechos Humanos.
