DETROIT (EEUU), 12 Jun. (EP/AP) -
El Gobierno de Estados Unidos defendió hoy, por primera vez ante un tribunal, el espionaje interno sin una orden judicial, indicando que el programa está bajo la autoridad del presidente, si bien añadió que para demostrarlo debería revelar secretos de Estado.
La juez de distrito Anna Diggs Taylor escuchó en una sala de Detroit los argumentos en un caso presentado por la Asociación de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por las siglas en inglés de American Civil Liberties Union). La ACLU ha exigido un cese inmediato del programa, indicando que viola los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad.
El Gobierno del presidente George W. Bush ha pedido a la juez que deseche la demanda basándose en razones de secreto de Estado. Sin embargo, la ACLU argumenta que la Casa Blanca ya ha divulgado bastante información sobre el programa para que Taylor dictamine que es ilegal.
El abogado del Gobierno Anthony J. Coppolino señaló a Taylor que el caso no puede decidirse en base a "escasos registros públicos". Coppolino mencionó en varias ocasiones un informe secreto del tribunal, que Taylor afirmó que no había examinado aún. En el informe "demostramos que (el programa) está... específicamente concentrado en Al Qaeda", aseguró.
Los demandantes no han tenido acceso al informe secreto. La juez tendría que formular una solicitud especial y viajar a Washington para leerlo, dijo Ann Beeson, directora de asuntos legales de la ACLU y la principal representante de los demandantes.
El Ejecutivo ha admitido que ha realizado tareas de espionaje interno con las comunicaciones internacionales de los estadounidenses sin solicitar permiso de un tribunal. Bush ha aseverado que el espionaje es legal porque después de los atentados del 11-S se aprobó una resolución en el Congreso autorizándolo a usar la fuerza para combatir el terrorismo.
Los participantes en la demanda de la ACLU --entre ellos periodistas, especialistas en diversas profesiones, y abogados-- sostienen que el programa ha afectado a su capacidad de concretar sus tareas ya que contactos internacionales, tales como fuentes y testigos potenciales, no desean compartir su información por vía telefónica o a través del correo electrónico.
