WASHINGTON, 23 Abr. (EP/AP) -
El fiscal general estadounidense, Alberto Gonzales, se comprometió hoy a permanecer en su puesto en la Administración norteamericana, poco después de que el presidente, George W. Bush, le reitera su apoyo explícito, tras el escándalo desatado por el ceso de ocho fiscales federales, presuntamente incómodos para la Administración Bush.
En rueda de prensa en la sede del Departamento de Justicia que dirige, Gonzales aseguró que permanecerá como fiscal general "mientras pueda continuar sirviendo de forma efectiva" al país y los ciudadanos. "Hay una serie de prioridades, una serie de objetivos que quiero ver cumplidos", explicó.
"Estamos trabajando lo más duro posible para alcanzar estos objetivos. Obviamente, como cabeza de la agencia (Departamento de Justicia) estamos preocupados sobre cuestiones morales. La manera en que lo llevo a cabo (el trabajo) es hablar directamente a los fiscales estadounidenses", agregó. "Tengo la obligación de trabajar con el Congreso", recordó, e insistió en que en el futuro continuará "trabajando" con el mismo.
Previamente, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, expresó hoy una vez más su apoyo a Gonzales, asegurando que tras escuchar su testimonio de la semana pasada ante el Comité Judicial del Senado se reafirma en la opinión de que el Fiscal General es una persona de honor capaz de liderar el Departamento de Justicia.
Para Bush, la comparecencia de Gonzales la semana pasada ante el Comité Judicial demuestra que no actuó ilícitamente y que todas las acciones desarrolladas se ajustaron perfectamente a la legalidad, lo que en opinión del presidente estadounidense le hace "incrementar" aún más la confianza depositada en él al frente de la cartera.
"Se trata de un hombre honesto y de honor", aseguró el presidente Bush durante un breve encuentro con la prensa tras la reunión mantenida con el comandante de las fuerzas destacadas en Irak, el general David Petraeus. Gonzales dio respuestas "francas" de una forma que amplía la confianza del presidente "en su habilidad para llevar a cabo su trabajo", dijo.
Bush explicó que los ciudadanos norteamericanos debían entender que el fiscal general tiene el derecho de recomendar al presidente sustituir a los fiscales federales ya que es la Casa Blanca quien los nombra y tiene "el derecho a sustituirlos" y a medida que avanza la investigación --aseguró el presidente Bush-- "parece claro que el fiscal general no infringió ninguna ley".
