MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este martes el desmantelamiento de una red de tráfico de opiáceos, en una operación que ha derivado en la imputación de más de 90 personas y la incautación de 450 gramos de fentanilo.
El fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, ha indicado que las operaciones han sido llevadas a cabo por las autoridades de Michigan, Ohio y Virginia Occidental, según un comunicado publicado por el Departamento.
En el mismo, ha resaltado que el fentanilo incautado "era suficiente para matar a un cuarto de millón de personas" y ha resaltado que la red de tráfico desmantelada "ha operado durante casi 20 años". "Ya no nos amenazarán más con drogas mortales", ha subrayado.
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades ha cifrado en 42.000 las personas fallecidas en 2016 a causa de sobredosis con opiáceos, lo que ha llevado a las autoridades a actuar ante la situación.
El senador estadounidense Bernie Sanders presentará este mismo martes un proyecto de ley que podría multar a los fabricantes de medicamentos con opiáceos por publicidad engañosa y aplicar las sanciones más severas hasta el momento contra farmacéuticas halladas responsables de contribuir a una epidemia de fármacos.
Sanders, un político independiente que compitió por la nominación demócrata a la Presidencia en 2016, ha dicho que el proyecto busca hacer responsables a los fabricantes de opiáceos de su papel en la epidemia y forzarlos a ayudar a pagar por la crisis, que el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca estimó que costó más de 500.000 millones de dólares (cerca de 405.000 millones de euros) en 2015.
La legislación, llamada Acta de Responsabilidad de Crisis de Opioides de 2018, prohibiría la publicidad que sugiere falsamente que un opiáceo no tiene cualidades adictivas o riesgos y multará a las compañías que sean halladas responsables de contribuir con la epidemia con 7.800 millones de dólares.
Las firmas que violen la provisión de mercadotecnia serán multadas con el 25 por ciento de las ganancias de sus productos opiáceos, tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en octubre de 2017 una orden ejecutiva en la que declaró el consumo de opiáceos una emergencia de salud pública, con el objetivo de destinar más recursos federales a una crisis que ha descrito como una "vergüenza nacional" y una "tragedia humana".
