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Obama, juristas e incluso antiguos gobernadores en estados con pena capital piden que se revise el procedimiento de ejecución en su totalidad
WASHINGTON, 10 May. (EUROPA PRESS) -
La cadena de negligencias cometidas durante la ejecución, el pasado 29 de abril en Oklahoma, del preso estadounidense Clayton Lockett ha reabierto el debate nacional sobre los usos y aplicación de la pena de muerte en el país, después de que el presidente Barack Obama ordenara una revisión de los procedimientos de ajusticiamiento que siguen en vigor en 32 estados de un país donde seis de cada diez estadounidenses todavía se muestran favorables a su puesta en práctica.
Lockett, de 38 años de edad y condenado a muerte por inyección letal en 2000 por cargos de secuestro, violación y asesinato, recibió una mezcla de medicamentos experimental que le provocó convulsiones y dolor extremo que le llevaron incluso a intentar escapar de la camilla durante el agónico procedimiento, que se prolongó durante 43 minutos antes de que Lockett falleciera por paro cardíaco.
En este sentido, una de las medidas más destacadas ha sido la publicación esta semana de un informe bipartidista que recomienda "transparencia y profesionalidad" en la aplicación del método preferido de ejecución en Estados Unidos, la inyección letal, en el marco de una serie de medidas generales destinadas a garantizar que la pena de muerte solo se reservará "para las ofensas más atroces" y para "aquellos cuya culpabilidad quede ratificada más allá de toda duda razonable".
"ERROR IRREVERSIBLE"
"Sin una revisión sustancial, no solo de la inyección letal, sino del procedimiento entero, la administración de la pena de muerte en América es injusta, desproporcionada y muy probablemente anticonstitucional", sentenció el ex fiscal general de Virginia y uno de los responsables de la redacción del informe, el republicano Mark Earley.
El documento, titulado "Error Irreversible", critica duramente la aplicación de la pena de muerte en casos de homicidio involuntario, lo que supone una franca violación de la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe "los castigos crueles, inusuales y excesivos por los crímenes".
"La inclusión de homicidas accidentales o no intencionados entre los presos merecedores de la pena capital puede crear consecuencias perversas cuando se tiene en cuenta que hay asesinos que consiguen evadirse de la pena de muerte", señala el documento, en cuya redacción han participado juristas liberales y conservadores, así como antiguos fiscales de Virginia, como Earley, Texas, Florida o Tennessee, estados donde la pena de muerte sigue en vigor.
El grupo recomienda especial cuidado en los casos donde se juzgue a personas con discapacidad mental. A pesar de que el Tribunal Supremo prohibió que se ejecutara a cualquier preso que padeciera esta minusvalía, el informe denuncia que "algunos estados hacen gala de un rasero excesivamente severo a la hora de declarar a los culpables mentalmente capacitados para afrontar la pena capital".
Hay que puntualizar que el informe considera que un bajo cociente intelectual --el límite mínimo actual es de 75-- no debe ser el único motivo para eximir a un acusado de la pena de muerte y que es necesario atender a la naturaleza del crimen, pero sí pide que no se aplique a aquellas personas que, en el momento del delito, sufrieran de graves desórdenes mentales que les impidieran apreciar la naturaleza y consecuencias del delito.
UNA REVISIÓN DE LA PENA DE MUERTE
Este mes, el presidente Obama ha ordenado al Departamento de Justicia una revisión "estado por estado" de los protocolos de ejecución para impedir no solo que se repitan casos como el de Lockett, sino para también solventar problemas significativos en la aplicación de la pena capital.
"Prejuicios raciales, aplicación desigual de las condenas... situaciones donde los individuos ejecutados pudieran ser hallados inocentes a posteriori por unas pruebas exculpatorias aparecidas más tarde. Todas estas cuestiones nos plantean serios interrogantes sobre la manera en que la pena de muerte se aplica en nuestro país", hizo saber Obama.
EJECUCIÓN DE INOCENTES
La ejecución de inocentes es un problema endémico desde la restauración de la pena de muerte en Estados Unidos en 1976. La Academia Nacional de las Ciencias ha estimado que si todos los condenados a muerte permanecieran un tiempo indefinido en el corredor, al final un 4,1 por ciento de ellos acabarían siendo exonerados, según estimaciones "muy conservadoras" del estudio.
El presidente de Estados Unidos, no obstante, reiteró su apoyo a la aplicación de la pena de muerte, una práctica que el 65 por ciento de los estadounidenses defienden, según los últimos datos de la encuesta Gallup de enero de 2014. "He dicho en el pasado que existen ciertas circunstancias en las que un crimen es tan terrible que la aplicación de la pena de muerte podría ser apropiada: asesinatos de masas, o asesinatos de niños", hizo saber.
En los últimos años, varios estados norteamericanos han expresado su rechazo a la pena de muerte. Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Illinois Connecticut y Maryland han abolido esta condena. El gobernador de Washington, Jay Inslee, declaró el pasado mes de febrero que no se realizarán ejecuciones mientras él siga en el cargo, siguiendo los pasos de una decisión similar tomada en 2011 por el gobernador de Oregón, John Kitzhaber.
Mientras tanto, la gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, y el Fiscal General, Scott Pruitt, han declarado que el estado no llevará a cabo nuevas ejecuciones durante el período que dure la investigación de la muerte de Lockett, y que se prolongará por lo menos durante ocho semanas.
Las circunstancias de la muerte de Lockett han consternado incluso a las autoridades de Texas, el estado donde se han realizado más ejecuciones en los últimos 30 años (515, con 287 presos en el corredor de la muerte). El ex gobernador Mark White, bajo cuyo mandato fueron ajusticiados 19 presos, ha reconocido este mes numerosas deficiencias procedimentales.
"Cada vez me queda más claro que no estamos haciendo un buen trabajo en ninguna fase del proceso. Ni garantizamos que los juicios son justos, ni las ejecuciones rápidas. Y creo que cualquiera que tuviera la desgracia de ver la ejecución de Lockett, que pifiamos hasta tal punto que los agentes tuvieron que correr la cortina, estará de acuerdo con este último aspecto", escribió en una carta abierta a 'Politico'.
65 POR CIENTO A FAVOR DE LA PENA CAPITAL
Una encuesta de YouGov/Huffington Post ratifica los resultados del sondeo de Gallup. Un 65 por ciento de los estadounidense se muestra a favor de la aplicación de la pena de muerte --un 36 por ciento se manifiesta "claramente a favor", incluso--, según la consulta realizada el pasado día 5 de mayo.
De los partidarios, un 60 por ciento considera que la inyección letal es el procedimiento más aceptable "en casos de asesinato y violación". Un 38% de los encuestados, el porcentaje mayoritario, consideran que la ejecución debería ser "lo más rápida e indolora posible". Un 20 por ciento, sin embargo, considera que el bienestar del condenado en sus últimos momentos de vida no es "un factor prioritario".
