MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles sanciones contra una milicia libia vinculada al general Jalifa Haftar, leal a las autoridades asentadas en el este del país, así como a su líder, en relación con abusos de los Derechos Humanos por su supuesta relación con decenas de ejecuciones en la ciudad de Tarhuna.
La milicia Kaniyat, encabezada por Mohamed al Kani, controlaba Tarhuna hasta la entrada de las fuerzas del Gobierno de unidad, reconocido internacionalmente, y tras su retirada han sido halladas en la ciudad más de una decena de fosas comunes con numerosos cuerpos.
El Departamento del Tesoro ha indicado en un comunicado que tanto la milicia como Al Kani son sospechosos de torturas, desapariciones forzosas y desplazamiento de civiles, en una serie de sanciones impuestas en línea con la Ley Magnitsky, un régimen de sanciones que existe en Estados Unidos para castigar abusos de Derechos Humanos.
"Mohamed al Kani y la milicia Kaniyat han torturado y asesinado a civiles durante una cruel campaña de opresión en Libia", ha denunciado el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, quien ha dicho que Washington "está con el pueblo libio y usará las herramientas y autoridades a su disposición para actuar contra los responsables de abusos de los Derechos Humanos en Libia y en todo el mundo".
El Departamento ha señalado en su comunicado que la milicia se distanció en abril de 2019 del Gobierno de unidad y pasó a estar vinculada a las fuerzas de Haftar, lo que permitió a las fuerzas orientales contar con una importante base durante la ofensiva lanzada ese mes contra la capital, Trípoli.
Las tropas del Gobierno de unidad, que contaron con apoyo militar de Turquía, lograron repeler la ofensiva y en junio de este año entraron en Tarhuna ante el repliegue de las fuerzas de Haftar, tras lo que han hallado numerosas fosas comunes.
La milicia encabezada por Al Kani está también acusada de cientos de ejecuciones en la prisión de Tarhuna, así como de desapariciones forzosas y del desplazamiento de población que escapó de la ciudad para intentar huir de los actos violentos de este grupo.
El hallazgo de las fosas comunes en Tarhuna llevó a la fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, a afirmar en junio que no dudará en incluir en su investigación en curso sobre Libia estas fosas.
Los contactos entre los bandos libios y la comunidad internacional se han intensificado desde que el Gobierno de unidad rechazara la ofensiva de Haftar, en un contraataque que derivó en octubre en un acuerdo de alto el fuego permanente que se ha visto seguido por iniciativas en el interior del país para su aplicación.
Asimismo, durante la jornada del martes se reunieron en la ciudad marroquí de Tánger integrantes de los parlamentos enfrentados, mientras que el lunes se retomaron por videoconferencia los contactos en el seno del Foro de Diálogo Político Libio (LPDF), que ha pactado la celebración de elecciones el 24 de diciembre de 2021.
Libia vive sumida en el caos desde la caída del régimen de Muamar Gadafi en 2011. El conflicto actual enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, con sede en Trípoli, con el establecido en la ciudad de Tobruk, en el este, y sustentado por Haftar, que cuenta con el respaldo de Egipto, Rusia y Emiratos Árabes Unidos (EAU).
La duplicidad institucional en Libia se retrotrae a las elecciones parlamentarias de 2014, que dividieron las administraciones, sin que las asentadas en el este --anteriormente reconocidas por la comunidad internacional-- y el Gobierno de unidad, surgido de un acuerdo en 2015, consiguieran pactar su unificación desde entonces.
