Publicado: viernes, 5 enero 2018 6:46

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este jueves a Amirhossein Purjafar, un hombre condenado por la violación y asesinato de una refugiada afgana de siete años que fue detenido cuando tenía 16 años, según han informado los medios locales.

Setayesh Qoreishi, el abogado de la niña, ha confirmado la ejecución, que ha sido además condenada por la Unión Europea (UE), que ha expresado sus condolencias a los familiares de la menor afgana.

"Las sentencias a muerte por crímenes cometidos por personas menores de edad son contrarias a las obligaciones de Irán con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño", ha dicho la portavoz para Asuntos Exteriores y Seguridad de la UE, Catherine Ray.

"La UE se opone a la pena de muerte bajo cualquier circunstancias y casos, sin excepción, y busca su abolición a nivel global", ha remachado en su comunicado.

Expertos de Naciones Unidas pidieron el miércoles a las autoridades iraníes que suspendieran la ejecución de Purjafar, reiterando las críticas de la ONU al país por aplicar a menores de edad las normas penales para adultos.

Los relatores especiales para la situación de los Derechos Humanos en Irán y para ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, Asma Jahangir y Agnes Callamard, respectivamente, exigieron a las autoridades iraníes "que suspendan inmediatamente la ejecución de este delincuente juvenil y anulen la condena a muerte en su contra, conforme a las obligaciones internacionales" de la República Islámica.

Además, aprovecharon para reiterar su "consternación" por "las continuas ejecuciones juveniles en Irán, a pesar de que están estrictamente prohibidas por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de los Derechos del Niños, de los que Irán es parte".

Purjafar fue condenado a muerte en septiembre de 2016 por la violación y el homicidio de una niña de siete años. El tribunal alegó que tenía la "madurez mental" suficiente para entender la naturaleza criminal y las consecuencias penales de sus actos. El Supremo ratificó el fallo hace un año y la ejecución debía haberse producido en el pasado octubre, pero fue aplazada.

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